Un juez instructor en España emite orden de captura contra Pinochet, y el genocida es detenido en Londres. En su propio país, sin temor a las bombas, encausa a los terroristas etarras y a sus protectores, e incluso investiga a miembros del gobierno acusados de formar comandos de la muerte, y su tarea será tan eficaz que la prolongada administración de Felipe González terminará por desplomarse.

Cuando el presidente argentino Menem le telefonea para “interesarse” por un carnicero platense, lo para en seco con la respuesta de que “en España, un presidente jamás llama a un juez para hablar de un caso que éste tenga entre manos.”

Veinte años antes que Garzón, en los Estados Unidos, el juez de un pequeño condado falla que el presidente ha mentido en el asunto Watergate, y sin esperar influir sobre el magistrado, el hombre más poderoso del planeta cierra la página con una decorosa renuncia.

Esos y muchos otros casos prueban que en las verdaderas democracias, el poder judicial es independiente y soberano, y posee completa potestad para ver cumplidas sus resoluciones sea quien fuere la persona o institución a quien afecten. Puede decirse que la decencia de un país se muestra cuando el Judicial es el primer poder del Estado y el contralor de sus pares, capaz de encausar al Presidente de la República y de tomar –sin influencia alguna- decisiones sobre la libertad, la vida, la propiedad y el honor, los bienes más importantes de la persona y de la sociedad.

Por desgracia, a más de dos siglos de proclamada por Montesquieu, la clásica división de trabajo del Estado en tres poderes pares y autónomos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no termina de aceptarse en algunas democracias rudimentarias. En la práctica, el Ejecutivo se supone siempre en un nivel más alto que la más alta corte judicial. Cualquier encuesta nos dirá que el noventa por ciento de los ciudadanos, incluidos los miembros del Ejecutivo, concibe al presidente como un supremo talibán, o juez sagrado, cuya palabra es última y definitiva. Cuando los magistrados no comparten esta opinión, se produce el conflicto.

En el Perú, el asunto tiene historia porque el Virrey era a la vez el ejecutivo y el máximo juez de la Colonia. La transición a la República no significó el paso a una moderna división de poderes sino, las más de las veces, la sustitución del virrey por un presidente de extracción o de lógica castrense y la humillante tutoría que hasta nuestros días sufre el poder judicial.

Tres gobiernos fuertes en los últimos cincuenta años demuestran esta constante. La primera acción del General Odría, 24 horas después de capturar el poder en 1948, fue cambiar a todos los magistrados de la Corte Suprema. En los 60, el general Velasco Alvarado rebaja hasta 62 años la edad límite para la jubilación de los jueces. Es obvio que la medida estaba dirigida a sustituirlos por gente más dócil y cercana.

Por fin, Fujimori declara que los jueces son “chacales” y, en consecuencia de ello, expulsa de la Corte Suprema a 13 vocales con un decreto que rezaba “Estando a lo acordado” en reemplazo de todo fundamento. Y, por último, condenó a las cortes a una presumible minoría de edad bajo la tutoría iletrada de un capitán de la marina.

De esa herencia, que produce fallos erráticos como los recaídos sobre la gerencia de un canal de TV, está tratando de sacudirse el propio poder judicial peruano, y la prueba de ello son las medidas anunciadas por el presidente de la Corte Suprema, Dr. Hugo Sivina, destinadas a lograr una administración de justicia transparente, oportuna y eficiente.

En este terreno, el gobierno de la recuperada democracia lamentablemente ha tenido serias metidas de pata. Cuando el Alcalde de Arequipa se presentó ante la justicia, en nombre del pueblo que rechazaba la privatización de su fuerza motriz, el juez amparó su recurso, y desde Lima, el Ministro de Justicia dijo que ese juez sería de inmediato procesado. Cuando un fiscal encausó a los militares que presuntamente ejecutaron a los rendidos asaltantes de la embajada japonesa, el Ministro de Defensa, amenazó al fiscal, condecoró a los acusados y logró que el caso pasara al fuero militar. Ese mismo funcionario trató de amedrentar al fiscal que había impedido la salida de los aviones de la delictuosa negociación Tucano.

Y, por fin, de forma inesperada, y otra vez en el rol del “hermano mayor”, el Sr. Toledo, jefe del Ejecutivo, ha anunciado una “reforma” que se iniciará disminuyendo la edad de jubilación de los jueces, un recurso que, en vista de todo lo anteriormente expuesto, es sospechoso y no fortalece el Estado de Derecho ni la credibilidad del país. Los terroristas celebraron espantables “tribunales populares” para ejecutar a sus enemigos, y eso es lo que veo en mi patria en estos días. La demagogia ha construido un tribunal popular contra la Administración de Justicia, y ya desde el avión que me lleva de regreso a Norteamérica, alzo mi casi solitario brazo para pronunciarme en contra.

Correo de Salem
Por Eduardo González Viaña

Si alguien que conoces quiere recibir el CORREO
DE SALEM, dile que envíe un mensaje en blanco a:
salem-alta@eListas.net

Por Eduardo González Viaña
mailto:gonzale@wou.edu
Publicado Martes, Agosto 5, 2003