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| Se pasó siete años tipeando recurso tras recurso frente a una vieja Remington cuyo estrépito en altas horas de la noche estremecía toda la casa. Escribió, desechó y volvió a escribir cientos de páginas que se transformaron en 52 recursos colmados de terquedad y de sapiencia jurídica. |
| Correo de Salem Por Eduardo González Viaña (*)
Se pasó siete años tipeando recurso tras recurso frente a una vieja Remington cuyo estrépito en altas horas de la noche estremecía toda la casa. Escribió, desechó y volvió a escribir cientos de páginas que se transformaron en 52 recursos colmados de terquedad y de sapiencia jurídica. Le escribía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no podía estar completamente seguro de que sus cartas llegarían desde Lima hasta la sede de ese organismo en Washington DC.
Además, los juicios no se ganan tan sólo con papeles sino también con recursos económicos, y Wálter Vásquez Vejarano solamente tenía de su lado la contundencia del jurista, pero nada más. E incluso, así hubiera tenido dinero, no le habría alcanzado para enfrentarse contra un ente tan poderoso como el estado peruano gobernado por la satrapía de Alberto Fujimori.
Natural de Santiago de Chuco como su pariente César Vallejo, Wálter Vásquez Vejarano estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, Derecho, Educación e incluso Periodismo, y aprendió de todo allí. Lo único que no aprendió fue a rendirse.
Vocal del máximo tribunal de la república, el doctor Vásquez al igual que otros doce magistrados fue despojado de su puesto el 5 de abril de 1992, luego de producirse el golpe de Estado en virtud del cual Fujimori se arrogó todos los poderes y puso al poder judicial bajo la custodia de un capitán de fragata.
Lo que no sabían la dictadura, ni sus abogados, es que el jurista iba a llevar su causa ante la instancia supranacional de los Estados Americanos. En sus recursos, demandaría la reposición y denunciaría haber sido echado sin haber sido acusado de cargo alguno. No se había formulado acusación de mala conducta ni de ninguna otra especie contra él. No tuvo oportunidad de ser oído. No pudo ofrecer pruebas. No se le ofreció plazo alguno para preparar su defensa. No fue juzgado por un juez natural ni por autoridad imparcial y sin embargo, sin proceso alguno, se le había condenado a lo que realmente era la destrucción de su honor y la muerte civil.
Seguro de la justicia de su causa, el magistrado litigaría hasta el final del siglo frente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aunque no podía estar seguro de que el gobierno peruano acataría las recomendaciones de ese foro. Y algo más. En tanto que la dictadura contaba para su defensa con la representación diplomática y con poderosos estudios jurídicos, el doctor Vásquez descubrió que la tarifa de una sola hora de un abogado de Washington equivalía a la paga de todo un mes de su jubilación. Además, su modestia de juez honrado no le había dejado ahorros para pagar costosos "couriers"expresos, y por lo tanto tendría que defenderse solo y por correo ordinario.
Año tras año, en todo ese tiempo, la dictadura sumaba en las encuestas altos porcentajes de aprobación popular, y la propia oposición, incluida la más radical, se limaba las uñas y se mordía la lengua para "defender la democracia" y el jugoso sueldo de una curul parlamentaria. Por otro lado, en el "Pentagonito", hombres, instituciones y medios de comunicación, toda la "clase política limeña" extendía el sombrero para recibir algunos miles de dólares de la mano dadivosa de Vladimiro Montesinos. Mientras todo eso ocurría, un peruano honesto tipeaba hasta medianoche las razones por las cuales declaraba nulos los actos de un gobierno deshonesto y espurio que se atribuía todas las funciones del Estado.
¿Pensó Wálter Vásquez que algún día sería restituido en su cargo?
Hará una semana conversé con él, y me dijo que no era eso lo que más le importaba. Lo que buscaba con empeño era derrotar a la tiranía en el terreno jurídico y mostrar ante el mundo hasta qué punto eran nulas, infames y perversas las sentencias que se redactaban en el Servicio de Inteligencia del Perú y se extendían luego para que de grado o de fuerza las firmaran algunos jueces.
Al final de todas sus noches frente a la Remington, un cartero llamó a su puerta para entregarle la resolución de la Comisión Interamericana (13 de abril del 2 mil), una brillante pieza jurídica que tajantemente señala que no hay democracia si el Poder Judicial no es imparcial ni independiente.
En su parte resolutiva, el documento recomendaba al estado peruano una reparación adecuada, tanto en el aspecto moral como en el material, por las violaciones contra los derechos del Dr. Vásquez y, por fin, señalaba la obligación perentoria de reintegrarlo a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Como podía esperarse, la dictadura se negó de plano a la reposición, pero ofreció al litigante 50 mil dólares de indemnización por los años que había dejado de percibir un sueldo. En confianza, los abogados del gobierno le hicieron ver que conocían perfectamente su franciscana cuenta bancaria y le aconsejaron ceder porque "había Chino para rato."
"El honor no se transa", dijo el juez y rechazó el dinero. El resto de la historia es conocido. Algún tiempo después, el régimen fujimorista se derrumbó ante el impacto de centenares de videos que muestran a prácticamente toda la autodenominada "clase política" de Lima transando su honor o cambiándolo por un honorario.
Un jurista de Rosario, interesado en la actualidad peruana, me acaba de preguntar por email cuál es mi opinión sobre el nuevo presidente de la Corte Suprema del Perú que desde 3 de enero se llama Wálter Vásquez Vejarano. Esta historia es mi respuesta.
Mi amigo argentino, sin embargo, se muestra inquieto, por haber leído en "Justicia Viva", una publicación financiada por la agencia norteamericana AID, un texto en que se dice del nuevo presidente de la Suprema que "es obvio que no tiene las ideas que corresponden a una concepción moderna de la justicia". ¿Por qué se dice allí que es "obvio"?, es una de sus preguntas.
Y le respondo que, aunque parezca increíble, en el Perú prevalecen ciertos prejuicios discriminatorios. Para el autor del suelto, un señor Jara Basombrío, tal vez educado en una universidad limeña, resulta "obvio" que el egresado de una universidad "provinciana" no puede ser "moderno". Jara Basombrío ignora que ese centro de estudios, fundado por Bolívar y por el creador de la estructura jurídica de la república, José Faustino Sánchez Carrión, es posiblemente el que más magistrados le ha dado a la Corte Suprema en toda su historia.
Jara se preocupa además por cuál será la posición del Dr. Vásquez ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y teme que no podrá cuestionarlo porque aquél le dio la razón. Y esto sí que es más ridículo que sus prejuicios porque ninguna autoridad es ninguno de nuestros países puede rechazar un sistema supranacional a cuya fundación concurrió y al que está ligado por inquebrantables convenios jurídicos.
Dar una patada al tablero del Sistema de los Derechos Humanos es una receta de las dictaduras iletradas, y yo le puedo asegurar al amigo que me escribe que esa no puede ser la posición de los Estados Unidos, a pesar de que la agencia AID pague sin leerlos los escritos de Jara Basombrío.
Lo cierto de todo esto es que en un país cuyas cúpulas políticas se rendían ante los sobornos del fujimorismo, muy pocos peruanos atrevieron a desafiarlo. Me siento orgulloso de que uno de ellos haya llegado a ser presidente de la Corte Suprema del Perú, porque aquello le garantiza imparcialidad, independencia y coraje al primer poder del Estado, y por eso siempre es bueno recordar al juez que no se rindió y a su vieja Remington, estrepitosa y peleadora.
(*) Se le puede escribir al email: Gonzale@wou.edu
Por Eduardo González Viaña mailto:Gonzale@wou.edu Publicado Martes, Enero 18, 2005 Escribe artículos en esta revista, si deseas publicar algún texto acorde con los temas de esta web envíalo que con gusto le publicaremos. Si deseas convertirte en editor o co-autor de esta revista infórmate aquí. |