Leamos una información publicada en “La República”
del sábado 5 de mayo del 2001:

Magistrados rechazan versión de Ibazeta Marino
Sala de Derecho Público no ha liberado a terroristas

......."La Sala de Derecho Público ha liberado a dos personas
inocentes, nunca va a liberar a un terrorista que ha sido juzgado
dentro del debido proceso y existen pruebas de su
culpabilidad", señalaron ayer las vocales integrantes de este
tribunal, Elizabeth Mac Rae Thay, Jeannette Tello Gilardi y
Elvira Alvarez Olazábal.

Las magistrados desmintieron de esta manera la información
propalada por el presidente de la Sala de Terrorismo y
candidato a Defensor del Pueblo, Marcos Ibazeta Marino,
respecto a que este tribunal está liberando a terroristas.

La doctora Mac Rae, presidenta de la Sala de Derecho Público,
indicó que las dos personas liberadas a que hace referencia el
doctor Ibazeta no eran terroristas conforme otros tribunales
habían establecido desde 1992, pese a lo cual se les mantenía
en prisión.
Indicó que ya en 1992 un tribunal había declarado que los
hermanos gemelos Gerbert y Dynnik Ascencios Lindo fueron
torturados para que se autoinculparan, en base a lo cual se les
condenó a 10 años de prisión.

En abril del 2000 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos concluyó que el Estado peruano violó los derechos
humanos de los hermanos Ascencios Lindo, al ser juzgados sin
el debido proceso por jueces sin rostro y sin valorar las torturas
a que habían sido sometidos.

Luego, el 20 de noviembre, el padre de los jóvenes, planteó
una acción de hábeas corpus para lograr su libertad, pero ésta
fue rechazada por el ex juez de derecho público, Víctor Raúl
Martínez Candela, de conocida sumisión al gobierno
fujimontesinista. La causa fue evaluada durante varios meses,
pese a que la ley de hábeas corpus establece un plazo de sólo
un par de días. El 22 de marzo la Sala de Derecho Público
resolvió a favor de los
Hermanos Ascencios Lindo.”

La historia que transcribimos del periódico no es única, ni
extraña, ni inconcebible en el Perú de hoy. De acuerdo con las
diversas denuncias de los periódicos y de los organismos
nacionales e internacionales, hay muchísimos casos similares. Lo
raro es que éste tuvo un desenlace feliz.

Durante la era Fujimori, las torturas fueron empleadas
como el más expeditivo método de la investigación. Hay una
agente policial inválida de resultas, y mucha gente que no pudo
resistirlas. Además de ellas, la otra “prueba” que empujaba a la
desgracia a centenares de hombres y mujeres era la
incriminación por parte de los supuestos “arrepentidos”. “Si das
los nombres de diez terroristas, te ponemos en libertad. Si no,
ya sabes lo que te espera.”

Entonces, el nombre de usted, lector, como el de aquél
o el de cualquier vecino, pudieron haber aparecido en la mente
de ese pobre hombre colgado, a quien una pandilla de bestias le
estaba recordando que podían violarle a la mujer y matarle a los
hijos. Y su palabra, a pesar de usted o de cualquiera de
nosotros, era prueba plena en un estado policial con jueces
enmascarados, abogados bajo amenaza de muerte y audiencias
que no duran más de una hora.

Se practicaba en el Perú de Fujimori y se practicaba en
la Alemania nazi, en la Rusia de Stalin, en el Tribunal de la Santa
Inquisición. Durante la Colonia, los limeños que deseaban
ascender socialmente estaban al asecho de las costumbres
higiénicas de sus amigos. Si advertían que uno de ellos se lavaba
las manos antes de probar los alimentos, lo denunciaban como
judío. En el Perú de la dictadura, plantar una prueba y armar un
expediente era igual de sencillo. No nos olvidemos del señor al
que desposeyeron de su empresa de televisión al “descubrir”
que 20 años atrás había olvidado firmar un papel, y por lo tanto
no era peruano sino judío.

Nada de esto es raro en una dictadura, pero sí lo es en
un país que supuestamente está saliendo de ella. Cada hora en
una de las infames cárceles peruanas es una hora de tortura
infernal, y hoy mismo, a varios meses de la fuga del ingeniero
Fujimori hacia Tokio, en el momento en que usted lee esta nota,
hay más de un hombre o una mujer que, en la oscuridad de una
celda helada e inmunda, se preguntan hasta cuándo podrán
aguantar tanta desgracia.

El doctor Marco Ibazeta, que hoy “juzga” el caso Lori
Berenson, es el desdichado remanente de una época que
todavía no ha sido superada. Además de sus vociferaciones
contra la Sala de Derecho Público, no hay momento en el juicio
público contra la joven norteamericana en el que no haga gala
de su perversidad, ya sea obligándola a escribir a una velocidad
imposible, o tratándola como si ya hubiera sido condenada.

Todavía en el tiempo de la dictadura y como para
probar su sujeción a ese régimen, Ibazeta hizo algo inconcebible
en un magistrado: adelantó opinión de que era “irracional” el
pedido de la joven cuando ésta acudió ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente, sus
declaraciones estaban orientadas a conseguir un amigable guiño
de ojos de Fujimori, de la misma forma en que ahora en el
proceso Berenson ha estado ganando cámaras para ser electo
Defensor del Pueblo.

No es raro, por consecuencia, que en uno de los
famosos vladivideos, el Asesor y el militar encargado del Poder
Judicial lo consideren como una persona de su confianza.

Lo que resulta extraño e incoherente con el camino hacia la
democracia que sigue el Perú es que es que un hombre que
adelantó opinión se convierta en juez de esa misma causa, y que
luego la utilice para su propia propaganda.

Todos sabemos que Lori Berenson no fue condenada por
una supuesta acción subversiva porque eso era imposible de ser
probado en las escasas horas que estuvo ante los jueces
encapuchados. Ahora es evidente que aquellos obedecían
órdenes del presidente quien estaba furioso porque el
embajador de Estados Unidos había revelado el negociado de
los aviones comprados a Bielorrusia. Fue por eso que, en el
mismo momento en que los encapuchados la condenaban, gente
enviada por el régimen hacía pintas en la Vía Expresa contra “el
imperialismo yanqui” y “los judíos”.

Por su parcialidad evidente, el Dr. Ibazeta ha sido recusado,
y fuera o no aceptado ese recurso, pienso que haría bien en
inhibirse por su propia voluntad y por decencia. Si lo hace por la
Defensoría del Pueblo –el más alto puesto de defensa de los
Derechos Humanos- ya no vale la pena. El Congreso del Perú
no lo ha considerado digno para el puesto.

Por Eduardo González Viaña
mailto:gonzale@wou.edu
Publicado Sábado, Mayo 19, 2001