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La ley Basura 0 es incompatible con la prosecución del CEAMSE. El CEAMSE
representa no los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, sino
de las empresas que el CEAMSE contrata. A pesar de los movimientos masivos de
poblaciones enteras que se han manifestado en contra de la empresa, se sigue
persistiendo en tener al CEAMSE como director de las políticas en materia de
residuos y esto se debe al poder político que detenta.
La ausencia de gestión estatal en el manejo de los residuos urbanos. La
descomposición del estado, el neopatrimonialismo, los intereses sectoriales, las
agencias internacionales y el ultraindividualismo
1. Introducción
La ineficiencia del Estado en el manejo de los residuos sólidos urbanos ha
generado una situación conflictiva a lo largo del siglo XX. Esta conflictividad
expresa una situación compleja en la que interviene el proceso histórico de
descomposición o vaciamiento del Estado, conducido por la dirigencia política
nacional asociada a grupos de intereses sectoriales a la vez orientadas,
inducidas o cooptadas por agencias internacionales o supraestatales, llámense
CLAD, Banco Mundial o F.M.I., todo esto inserto en un escenario de indiferencia,
pasividad, o desconocimiento del ciudadano. Este proceso se inscribe en un
histórico manejo estatal patrimonialista, una sociedad todavía con fuerte
impronta patriarcal y, paralelamente, un individualismo exacerbado.
El resultado es un Estado vaciado de sus roles pero no de sus estructuras de
poder, que quedan al servicio de quienes lo conducen, que, asociados a empresas
nacionales o trasnacionales que buscan colocar capital siempre y cuando la
ganancia sea fácil, garantizan el proceso de transferencia de recursos públicos
a las arcas privadas. Un capitalismo parásito y una dirigencia patrimonialista,
son los artífices de la ineficiencia del Estado para la resolución de los
problemas a los que el Estado debe responder, en un escenario “globalizado”, en
donde los países pobres se ven obligados a compensar la falta de capital con un
endeudamiento atado a cláusulas que comprometen y empobrecen más a estos países.
Las agencias internacionales desde hace más de tres décadas hay promovido la
reforma del estado a través de la tercerización de servicios. El patrimonialismo
histórico, vigente en nuestros países latinoamericanos se ha transformado en un
patrimonialismo compartido entre los sectores de poder y estas empresas
hacedoras de servicios. La asociación entre los sectores políticos que tienen el
manejo de las políticas públicas con una burguesía nacional o trasnacional
constituye una forma nueva de patrimonialismo, en donde se integran,
compartiendo el usufructo de los recursos públicos, agentes estatales, y
empresas privadas. En otras palabras este neopatrimonialismo, tiene la
característica distintiva respecto al patrimonialismo histórico en que quienes
manejan las políticas públicas estatales y los recursos del estado se asocian a
empresas privadas que se apropian de la gestión de la política, a través de
licitaciones que legitiman el accionar, generando los negocios.
Pero la tercerización no surge de la nada: ha sido y sigue siendo auspiciada por
las agencias internacionales como el CLAD y el Banco Mundial, con lo que
tendríamos completado la nueva tríada con la que se intentará definir en este
trabajo: el neo patrimonialismo comprende tres sectores: una dirigencia política
patrimonialista, un protocapitalismo que necesita del Estado para garantizar el
lucro, un sector transestatal en donde podemos identificar varias agencias,
entre ellas el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que
expresa el núcleo ideológico a través de un discurso legitimador seudo
progresista, agencias bancarias como el Banco Mundial y el FMI, que condicionan
sus créditos a la ejecución de sus directivas.
2. El patrimonialismo histórico
En un trabajo sobre regímenes políticos latinoamericanos Oscar Oszlak define al
patrimonialismo como "la dominación de un sólo hombre, que necesita de
funcionarios para ejercer su autoridad. Pero a su vez, todos los cargos del
gobierno se originan en la administración de la comunidad doméstica del monarca
o dictador. Aunque modernamente éste asume el rol de presidente (o su
equivalente), y se rodea de las instituciones formales de una democracia, ejerce
de hecho un cuasi-monopolio sobre todas aquellas decisiones relativas a la
designación, reemplazo o traslado o remoción de funcionarios en cualquier nivel,
jerarquía o función de gobierno. Este poder de decisión se extiende además a
otras esferas de la actividad estatal" [1] En las notas de pie de página da
cuenta de que se refiere al somocismo de Nicaragua, al trujillismo y al
balaguerismo de la República Dominicana, al duvalierismo de Haití, al de
Stroesner en Paraguay, al de Batista en Cuba.
Este tipo de relación entre autoridad política y personal administrativo se
observa a simple vista en municipios bonaerenses, en donde la reelección
indefinida garantiza el manejo clientelar del aparato político, y hasta puede
darse una especie de monarquía hereditaria, que se logra con el simple recurso
de ubicar en el primer lugar de la lista de concejales al hijo, consorte, etc. y
luego en el transcurso del período renunciar y dejar el ejecutivo a cargo del
presidente del concejo, o sea, el primer concejal de la lista. Vemos también el
rol legislativo degradado, en donde la independencia respecto al poder central
pocas veces se puede reconocer. Sobre esta constitución política feudal se
construye algunos estados provinciales, entre los que se cuenta la Provincia de
Buenos Aires. La oposición, como también lo indica Oszlak en su trabajo, entra
en el juego de dominación del caudillo local. Es que la modalidad no tiene color
político: es un estilo de gestión que predomina en la región, cualquiera sea el
partido en el gobierno.
Podemos decir que el modo patrimonialista se ha ido insertando a lo largo del
período de construcción de las nuevas democracias, de manera tal que convive con
ellas sin que haya cuestionamientos desde los organismos políticos o los
ciudadanos en general. Tan sólo cuando aparece algún afán desmedido que pone en
riesgo todo el 'sistema', como cuando Carlos Menem pretendió una segunda
reelección presidencial pasando por alto algo expresamente prohibido en la
Constitución, en el momento en que ya no ejercía un fuerte liderazgo entre sus
comilitantes, se pusieron en juego todos los factores de poder para bloquear esa
pretensión. Pero en las cuestiones menores, vemos que una democracia de facto se
va construyendo y perdiendo vigencia el marco normativo constitucional, a tal
punto que no se puede hablar de anomia, pues a las normas de derecho que no se
observan las reemplazan otras que se van legitimando a partir de su
implementación, y que hace decir a cualquier funcionario o ciudadano cuando se
les aclara que las normas que emergen del estado de derecho dicen lo contrario a
lo que opera en la realidad, se escucha el "acá siempre se hizo así". El
pragmatismo autoritario es la ideología subyacente en los niveles políticos de
base y medios, y que no se expresa en discursos políticos sino en los argumentos
de legitimación.
Desde el comienzo de la república en la segunda mitad del siglo XIX se consolida
el doble discurso: una constitución que habla de los derechos y garantías de los
ciudadanos y en los hechos la acción de elites gubernamentales que, por medio
del fraude electoral, evitaban que el gobierno pasara a manos de representantes
de los intereses populares. Las luchas civiles promovieron el voto secreto y así
pudo tener acceso al poder los representantes elegidos por el voto popular. Pero
duró poco, pues desde el año 1930 se sucedieron los golpes militares que
troncharon las experiencias democráticas. En 1983 se reinstala la democracia
pero luego de un período de transición la democracia se ha consolidado, pero con
un sesgo neoconservador en lo económico, político y social con una flagrante
trasgresión de la división de poderes y con el clientelismo firmemente instalado
en los partidos tradicionales.
En su trabajo Trayectorias divergentes de la desigualdad en América Latina Mario
Matus [2] analiza la relación entre las formas en que las desigualdades se han
plasmado en cada país relacionándolas con los procesos históricos en cada uno de
ellos. En Argentina, menciona la construcción del Estado Nacional en la segunda
mitad del siglo XIX por la oligarquía local “conservando sus principales
mecanismos de control patrimonialista”, y estableciendo una relación clientelar
con los caudillos provinciales, todo bajo una fachada de una república federal.
Ya por ese entonces se establece un reclutamiento de funcionarios a través de
redes clientelares y la “administración de justicia tendió a ser muy permeable a
pautas patrimonialistas”. Afirma que “las dinámicas que animaron la política
argentina desde la caída de Irigoyen hasta la llegada de Perón al poder en 1946,
y especialmente -a partir de la etapa autoritaria que culmina en 1955 con su
derrocamiento- extendieron y profundizaron los mecanismos patrimonialistas, que
hasta 1930 habían estado relativamente contenidos por instrumentos
compensadores. Argentina había salido de un régimen oligárquico relativamente
institucionalizado a partir de 1915 pero el derrocamiento de Irigoyen instaló
considerables dificultades para generar un nuevo pacto social que diera cuenta
del cambio en las dotaciones de factores y en las condiciones externas” [3]
Distintas variantes de patrimonialismos se instalan a lo largo del siglo XX: en
América Latina. En Argentina un patrimonialismo populista, en donde la
apropiación de recursos se asocia con distribución de prebendas y la instalación
de redes clientelares, y en donde este modelo conforma un estilo de gestión
administrativa que abarca a la administración de justicia. Las dictaduras
mantuvieron los mecanismos del patrimonialismo y el clientelismo “e incluso
pudieron haberlos profundizado” .El retorno a la democracia en 1983, no
significa para el autor que Argentina haya dejado las prácticas
patrimonialistas. En efecto: concluye el autor que “a más de veinte años del
inicio de la recuperación de la democracia en América Latina subsiste la errada
idea de que las democracias recuperadas se asentaron por si mismas sobre nuevas
dinámicas, o al menos, contaron con condiciones favorables para iniciarlas.
Detrás de esa consideración descansa un punto de vista excesivamente optimista:
el regreso de las democracias por sí mismo creó un nuevo hito histórico en el
que se dieron las condiciones para impulsar dinámicas de progreso, igualdad y
democracia en los países. Pocos autores se han preguntado si las trayectorias
que los países traían antes de las dictaduras -en el caso de que éstas
correspondan a ese nuevo tipo de dictaduras que aludimos- estaban lo
suficientemente arraigadas como para continuar incólumes a pesar que las formas
de acceso al poder llegaron a ser democráticas, y aún más grave, si en el caso
que hayan logrado hacerlo, las arquitecturas institucionales que las subyacen
han tenido la suficiente compactación y arraigo como para transmitirse a las
democracias recuperadas. Si así fuera, no debería extrañar que la evolución de
la posición y el significado de la desigualdad se hayan mantenido, como parte de
una continuidad mayor. Si se analizan las transformaciones introducidas por las
cuatro democracias realmente recuperadas, se observa que en el caso de
Argentina, no sólo no se desmanteló la arquitectura institucional defectuosa
previa a las dictaduras, sino que además parece haber sido fortalecida por los
gobiernos electos democráticamente, especialmente con Menem”
Para Matus, patrimonialismo no sólo es sinónimo de autoritarismo y
discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, sino apropiación de los
recursos por las elites gobernantes en beneficio propio. Esto se asocia a una
relación clientelar de distinto rango con los distintos sectores sociales.
Podemos agregar que tanto en los dirigentes más importantes como en el simple
puntero o caudillo barrial se aprecia que hay una concepción de "lo político"
como instancia superior de cualquier tipo de gestión en un gobierno democrático,
entendiendo a "lo político" como un espacio de negociación y toma de decisión no
judiciable o pasible de ser normado, es decir que su naturaleza lo excluye del
ámbito del derecho.
Lo político entendido como el libre juego de las relaciones de dominación,
se instala así como algo superior al estado de derecho y podemos aventurar, que
por lo tanto, a pesar de las declamaciones, también se instala por encima de la
Constitución. Esto significa que frente a cualquier situación de conflicto,
cualquiera sea su nivel o actores involucrados la instancia de negociación
política se constituye como nivel máximo de apelación, por encima incluso de las
instancias administrativas y/o judiciales. En la República Argentina ha llegado
a tal extremo esta situación, que ha llevado al descrédito la administración de
Justicia. Y en este proceso devastador han caído los organismos de control
externo, tribunales de cuentas y auditorias, que a lo largo del proceso
democrático se los ha politizado y debilitado, vaciándolos de su poder de
control.
La sobrevaloración del "poder" ha llevado a la devaluación de la norma jurídica,
cualquiera sea su jerarquía. Aún en los políticos de buena voluntad esta
circunstancia los supera, por cuanto las reglas del juego están impuestas.
3. Las agencias internacionales
3.1. La propuesta del CLAD
La República Argentina ha venido desarrollando un cambio ideológico en lo que se
refiere a la concepción del Estado, siguiendo en algunos aspectos a los
lineamientos fijados desde organismos internacionales, pero en otros nutriéndose
de concepciones surgidas desde los sectores del liberalismo económico. A su vez
ha ido internalizando, a lo largo de la reforma, los intereses de los
patrimonialismos de distinto signo político.
Por ejemplo a la propuesta de "modificar las políticas proteccionistas" que
propone el CLAD en su documento de 1998 [4], Argentina ya había respondido con
apertura indiscriminada, caída de los controles aduaneros permitiendo un
contrabando masivo, y con lo cual se dejó a la industria sin posibilidad de
reconversión y que hace que en el 2000 la Argentina haya sido, principalmente,
exportadora de productos primarios, sin valor agregado.
Es contundente la definición de roles del Estado que realiza el CLAD en este
informe tardío para nosotros y para muchos otros países latinoamericanos, en
donde lo que se propone el documento ya se venía aplicando: “los recursos
públicos y privados deben ser canalizados estratégicamente para programas en las
áreas de educación y de ciencia y tecnología. El cambio del papel del Estado en
los sectores económicos y sociales es otra tendencia estructural. La actuación
del Estado debe orientarse primordialmente hacia el área social, asegurando la
universalidad de los servicios de salud y educación, y hacia la creación de
instrumentos que ayuden a promover el desarrollo económico, garantizando las
condiciones macroeconómicas favorables a la inversión privada y al aumento de la
competitividad sistémica del país, mediante políticas sólidas en los sectores de
ciencia y tecnología y del comercio exterior.
La gran modificación del papel del Estado, sin embargo, tiene que ocurrir en lo
que concierne a la forma de intervención, en el plano económico y en el plano
político. En este sentido, en términos económicos, en lugar de una intervención
directa como productor, el aparato estatal debe concentrar sus actividades en la
regulación. Las privatizaciones y la creación de agencias reguladoras forman
parte de este proceso. En el área social, el camino está en fortalecer el papel
del Estado como formulador y financiador de las políticas públicas. Para esto,
se torna fundamental el desarrollo de la capacidad catalizadora de los gobiernos
en cuanto a atraer a la comunidad, a las empresas o al Tercer Sector, para
compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios públicos,
principalmente los de salud y educación básica.“ [5]
La regulación y no la producción de servicios, tanto en salud como en educación,
es el lineamiento que define el progresista Centro Latinoamericana para la
Administración del Desarrollo de las Naciones Unidas, para los países pobres. No
es difícil encontrar esos lineamientos en la ley Federal de Educación sancionada
en 1992, que ha desarticulado la red nacional educativa generando un conjunto
desconectado de subredes, con provincias pobres con escuelas pobres en donde el
patrimonialismo, tan poco afecto a la educación pública, va dejando caer las
posibilidades de ascenso social a los grupos en estado de pobreza o marginalidad
El CLAD propone la democratización de la gestión del Estado, esto es transformar
en una gerencia participativa la organización burocrática en donde hoy rigen las
estructuras jerárquicamente organizadas y en donde priva la relación de mando y
obediencia. Es una propuesta muy importante y fundamental, pues es evidente que
la burocracia tradicional y la particular modalidad que ha asumido en los países
latinoamericanos, rígida y autoritaria, es un obstáculo para el desarrollo de
los países de la región. Pero es insuficiente el enfoque de este organismo
internacional, en tanto focaliza la transformación en "un pequeño grupo de
técnicos y burócratas aislados dentro del Estado" y que en una segunda
generación, sería "fundamental la concreción de coaliciones democráticas que
sustenten el proceso de reforma del Estado" [6]. Es una pretensión ingenua
pensar que un grupo de elite, formado por aquellos que ocupan cargos directivos,
a través de cursos de capacitación, puedan, solos, sin apoyo político, y sin
apoyatura externa de especialistas en coordinación grupal, generar coaliciones
democráticas en estructuras burocráticas infectadas de corrupción, y en donde
estos núcleos corruptos manejan intereses poderosos de los sectores privados
externos a esa burocracia.
El documento del CLAD habla de formar "funcionarios públicos calificados y
permanentemente entrenados, protegidos de las interferencias políticas, bien
remunerados y motivados". Lo que se puede inferenciar es que el cambio hacia una
gerencia pública se debe hacer al margen de los niveles políticos, por lo que se
está haciendo una nueva versión de la vieja y tan criticada división entre
política y administración. Por otra parte siendo los políticos surgidos de una
elección, se supone que son partícipes de una cultura democrática. Entonces no
se entiende por qué se los quiere dejar afuera, a menos que no compartan el
cambio, o no tengan capacidad para entenderlo. Si así fuera, el fracaso estará
más cerca que lejos, porque la pretendida democratización desde el núcleo del
orden jerárquico y sin modificar el entorno político patrimonialista y
clientelístico, tiene poca coherencia
El CLAD asevera que la gestión del estado es sinónimo de "capacidad del Estado
para concretar en la realidad, de manera eficiente y efectiva, las decisiones
tomadas a nivel político". En esta definición se corresponde con la división
entre política y administración criticada más arriba. Se supone además que la
elite burocrática "técnicamente preparada y motivada" deberá negociar con los
políticos, que por lo que se explicita en el documento, carecerán de toda
capacitación para entender técnicamente sobré que asunto está tomando una
decisión política.
Por más clases de humildad que se incluya en la currícula, surge a todas vistas
la superioridad técnica del funcionario respecto al político, por lo que se está
generando una burocracia, de hecho, técnicamente dominante, y por lo tanto capaz
de negociar una política con un político ingenuo, pero absolutamente incapaz de
hacerlo con un gerenciador de negocios de sectores externos involucrados con el
Estado. Otra omisión que se perfila en el documento del CLAD es respecto a la
participación de los sectores políticos en los hechos de corrupción. Se
argumenta que la profesionalización de la burocracia y la transparencia de su
gestión evitarán caer en hechos de corrupción, como si en ella se ejecutaran las
acciones corruptas y como si no hubiera complacencia o participación de los
agentes políticos, internos o externos a la burocracia.
Se habla en el documento de un nuevo contrato entre políticos, los funcionarios
públicos y la sociedad. Esta mera enunciación suena a una cuestión meramente
declarativa, que enuncia un voluntarismo ingenuo, dada la complejidad de la
situación en que esos actores sociales se mueven.
El CLAD y la participación ciudadana
El control ciudadano en los países latinoamericanos supone una gerencia pública
participativa. Pero en una democracia representativa de sesgo patrimonialista es
de difícil implementación. En este escenario los mecanismos de democracia
directa tienen dos posibilidades reales de aplicación: una, cuando los sectores
involucrados en la convocatoria publicitan una gestión participativa, pero se
manipula la participación tendiente a beneficiar a los sectores aliados al pode.
Otra, cuando se convoca a una participación real pero luego los resultados no
son tenidos en cuenta y se toman decisiones diferentes o bien se cae todo el
proyecto. Muchos son los ejemplos que desde el 83 se han llevado a cabo en tal
sentido: El II Congreso Pedagógico a nivel nacional se inscribe en el primer
caso, la convocatoria a la participación de los docentes para la reforma del
Estatuto del Docente de la Capital Federal, en el segundo. En éste, en que los
docentes participaron activamente a lo largo de 1985 para la reforma del
Estatuto del Docente, en el Concejo Deliberante se sancionó la Ordenanza 40.593
que desconocía en absoluto las propuestas docentes. Frente a las protestas
gremiales las autoridades contestaron que la consulta no era vinculante y que
los concejales eran los que tenían el poder para decidir.
En 1984 se sancionó la ley 23114 que convocaba a un II Congreso Pedagógico
Nacional, para fijar las pautas de una nueva ley de Educación. La primera
instancia de ese Congreso era la organización de las asambleas de base en donde
se analizaban las propuestas de instituciones y particulares que quisieran
acercar la suya. Por circunstancias que nunca fueron aclaradas, no hubo una
convocatoria clara a la comunidad educativa del sector de la educación pública
y, curiosamente, la organización de las asambleas fue asignada al sector privado
del sistema educativo. Así, en las asambleas de base de la Capital Federal, por
ejemplo, por cada 9 participantes que representaban a las escuelas privadas
había un representante de la escuela pública. La representación de los sectores
privatistas de la educación estaba perfectamente organizada, de tal manera que
los puntos que se pasaban a votación tenían de esos grupos una pronunciación
unánime.
Los empresarios de la educación y los representantes de la educación
pertenecientes a distintas confesiones religiosas, el Tercer Sector” del que
habla el CLAD, tuvieron importante presencia en la definición de los resultados.
Debemos tener en cuenta que esos debates en las asambleas de base se produjeron
en un momento de desarrollo social de los sectores medios y medios altos, en los
cuales una escuela privada para sus hijos era una manera de expresar un nivel
social de prestigio generando una mayor demanda de escolaridad privada. La
propuesta que surgió de estas asambleas fue acorde con el pensamiento neoliberal
de la mayoría de los participantes y se vieron morigeradas en la Asamblea
Nacional llevada a cabo a principios de 1988. Todo este proceso se volvió a
reproducir cuando se sancionó en 1992 la Ley Federal de Educación. Se consagró
en ese proceso los conceptos “escuela pública de gestión oficial” y “escuela
pública de gestión privada”, que reemplazó al que conocimos como “escuela
pública”, a secas, a partir de la ley 1.420 de Educación Pública. Todo esto se
correlaciona con la propuesta del CLAD respecto a la tercerización de los
servicios educativos.
3.2. El Banco Mundial
El banco mundial fue creado en la posguerra y su finalidad inicial era la de
ayudar a la reconstrucción de Europa y Japón, en las primeras décadas y
actualmente proclama la reducción de la pobreza a través del financiamiento del
desarrollo de países en desarrollo. En realidad, como veremos, es un operador
económico de las potencias mundiales para la aplicación de políticas
neoliberales desde la crisis del financiamiento externo en la década del 80 y
que ideológicamente, pero en un discurso escondedor y aparentemente progresista,
propicia el CLAD.
El Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional está formado por un
colectivo de naciones, aproximadamente 180, que aportan cada una un capital para
poder formar parte de él. El presidente del Banco Mundial, siempre es un
estadounidense propuesto por la Casa Blanca. El capital disponible para
financiar políticas se compone de estos aportes y de las ganancias que les
reportan los intereses de los préstamos. El peso político de cada país se
determina en función de los aportes, con lo que el Banco termina siendo manejado
por los países más poderosos. Argentina forma parte del Banco Mundial con su
aporte correspondiente y de esta manera, puede recibir sus créditos y también
pagarlos con sus intereses, acrecentando la deuda externa.
Una compleja y cara burocracia con muchos vicepresidentes, directores y gerentes
gobiernan el Banco bajo la dirección del Presidente y acompañado por una junta
de gobernadores designados por los gobiernos miembros del Banco. A esta costosa
tecnocracia internacional hay que agregar el costo de las consultorías, que en
una nota realizada al viceministro de Economía del 2004 [7], éste informaba que
el Banco Mundial había informado que de un total de contratos de 1.016 millones
de dólares, el 8%, unos 78 millones de dólares, correspondían a gastos de
consultoría previo a la aplicación del crédito. De más está decir que tanto el
gobierno que toma el crédito, como el mismo banco, no llaman a concurso de
antecedentes para designar a las consultoras sino que las mismas son designadas
por los funcionarios de turno y responden a las líneas de poder en vigencia,
siguiendo la forma clientelística y patrimonialista de la construcción de poder
en los países periféricos.
La deuda actual de Argentina con el BID asciende a 5.600 millones de dólares,
que supuestamente fueron destinados a planes sociales.[8] A partir de la
asunción de Cavallo en 1991 unos 50 créditos fueron asignados en la década del
90 destinados a inversión para infraestructura, programas sociales, ajuste
estructural y asistencia técnica. [9] Pero no todo va al destino estipulado. Hay
críticas que surgen de lo mismos informes del Banco y por denuncias locales.
Entre ella se encuentra la denuncia del fiscal Stornelli por desvío de fondos
del Banco Mundial destinado a mejorar la calidad de las prestaciones sociales de
las obras sociales, que habrían sido destinada a empresas familiares de los
sindicalistas.[10]
El Banco Mundial profundiza su rol de operador para la aplicación de las líneas
neoliberales de política económica a partir de la década del 80, en que se
produce la crisis por el endeudamiento externo y la estatización de la deuda en
Argentina. Con la excusa de lograr más competitividad en la economía, se
orientan préstamos para ajustes sectoriales, aplicados a un sector de la
economía, o a reformas globales. Las condiciones para la asignación del crédito
no se basaban en la rentabilidad del proyecto sino en medidas de políticas
económicas acordadas con el banco. Mientras el Fondo Monetario Internacional
atendía los desequilibrios en el corto plazo, el Banco Mundial operaba con sus
créditos para lograr cambios estructurales en el largo plazo.[11]
Pero también el Banco Mundial propiciaba la privatización de la banca. En el
comunicado del prensa del 2001 [12] dice: “Los países donde el Estado posee una
parte considerable del sector bancario tienen menos crecimiento económico y más
pobreza que los que cuentan con un número menor de bancos de propiedad estatal,
de acuerdo con un nuevo estudio del Banco Mundial publicado hoy. Algunos países
han excluido de sus mercados internos a las empresas financieras de propiedad
extranjera, por temor a que desestabilicen sus sistemas financieros y lleven a
la quiebra a las empresas locales. Sin embargo, este informe no encontró ninguna
prueba concreta de que el ingreso de bancos extranjeros haya desestabilizado el
flujo de créditos ni restringido el acceso a los mismos a las pequeñas empresas.
Más bien, está asociado con mejoras significativas en la calidad de la
reglamentación y de la transparencia.” Paradójicamente informaba esto cuando los
bancos extranjeros locales manifestaban su independencia de las casas matrices,
en el momento de no garantizar los depósitos en dólares de los ahorristas.
Mientras al Fondo Monetario Internacional se lo ha configurado como el cuco de
la película, los créditos que otorga el Banco Mundial se los aplaude con
alborozo. Alfredo Zaiat, economista y periodista de Página 12 en su artículo del
11 de julio del 2004 se pregunta: “¿Qué se festeja cuando el Banco Mundial
aprueba el desembolso de un préstamo?” Comenta que “El Banco Mundial se presenta
como el hermano bueno, sensible y comprometido por el bienestar de los pueblos
en contraposición a su hermano mellizo, el Fondo Monetario, al que sólo le
interesa repetir la receta económica del ajuste.”
Pero la realidad es distinta y agrega que “no es justo que no se le reconozca al
BM su invalorable colaboración en construir una sociedad de pobres con una
pésima distribución de ingresos”. Se intenta crear una imagen del Banco Mundial
como una institución de caridad, e incluso se lo intenta presentar como un banco
cooperativo. Denuncia que las utilidades que logra el Banco, que alcanza a más
de 1.500 millones de dólares, se debe no sólo a través de los intereses, sino a
“la venta de equipos y servicios de consultoría atados a los créditos que los
gobiernos reciben con algarabía” Dice el periodista que para evaluar el costo
del crédito, no sólo hay que mirar la tasa de interés, sino “la serie de
condicionalidades que va imponiendo para entregar los dólares”
Los Bonos Carbón del Banco Mundial
Los llamados bonos carbón fueron creados en la Convención de Kyoto, y es otra
muestra de cómo el Banco Mundial responde a los intereses de los países más
poderosos. La Convención de Kyoto congregó a los países del mundo para tratar la
contaminación ambiental. Por medio del llamado Protocolo de Kyoto, los países
firmantes del mismo se comprometen a reducir la emisión de gases contaminantes.
Pero dentro de este protocolo hay una cláusula que permite a las empresas
industriales contaminantes de países ricos contribuir a la disminución de la
emisión de dióxido de carbono en el mundo, financiando la captura de emisión de
carbono en los países pobres, tomando esas disminuciones como si fuesen propias
del país contaminante. Para poder hacer esas transacciones se crearon los bonos
carbón. Si una empresa argentina demuestra que captura el metano emergente de un
proceso químico, como el de la basura del CEAMSE, una empresa del norte,
contaminante, compra bonos carbón al Banco Mundial y se la entrega a dicha
empresa, con lo que la contaminación en el norte, y su contribución al
calentamiento global queda sin modificación y al mismo tiempo, lavado.
Este arreglo de los bonos carbón no sólo no ayuda a disminuir el calentamiento
global, porque los países del tercer mundo, o pobres o subdesarrollados, poco es
lo que aportan a ese calentamiento, sino que los que sí aportan siguen sin
morigerar o cambiar sus sistemas de producción de anhídrido carbónico.-En el
diario Clarín (25-03-05) se dice:” El Protocolo establece el compromiso de
gobiernos de 35 países ricos de reconvertir sus industrias para frenar el cambio
climático. La idea es que recorten la emisión de gases en un 5,2% por debajo del
nivel de 1990. Pero esas empresas pueden cumplir en cualquier lugar del planeta.
O comprar créditos o bono de carbono de países que superen las metas exigidas.
Esto abrió un mercado de compra y venta de títulos, que en la actualidad cotizan
entre 5 y 7 dólares la unidad.” Es decir, se ha creado un negocio financiero
utilizando a los países pobres.
Y dice el artículo. “Como el mecanismo contiene pautas que permiten hacer
negocios en países pobres, como la Argentina, varias empresas, nacionales y
extranjeras, ya estudian cómo sacarle provecho.” El CEAMSE ya había adherido al
proyecto y lo promocionaba para que empresas argentinas adhirieran al mismo.
Poco tiempo atrás, el 10 de marzo de 2004 se cerraba en la Sociedad Rural la
Conferencia Técnica de Rellenos Sanitarios para América Latina. Sus
protagonistas: empresas, el Banco Mundial, funcionarios y técnicos del CEAMSE,
del Gobierno de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación.
Adentro el discurso oficial: el del CEAMSE. Afuera, la asamblea de Wilde
convocante de un contra congreso, con la participación de asambleístas de
Capital y el conurbano, cartoneros y vecinos. [13]
4. La tercerización y el ingreso del capital privado en la gestión del Estado
y el CEAMSE
La atención de políticas estatales por sectores privados, cuando han sido
motivadas por un interés pecuniario, han sido acompañados de generación de
grupos de interés económico que han actuado como grupos de presión o como grupos
mafiosos, integrando a los intereses de estos sectores económicos a funcionarios
para tener acceso a las licitaciones. Así ocurrió cuando se privatizaron los
comedores escolares de la Ciudad de Buenos Aires, en 1984, tercerizando con
valores exorbitantes el servicio, y generando un sobre precio que llevó a la
justicia el problema y que luego, por inacción de los fiscales, fuera archivado.
Otro caso fue el de la tercerización del servicio de salud de la obra social de
los jubilados, PAMI, que ha llevado otra serie de denuncias penales que se están
sustanciando en la justicia. La experiencia ha demostrado que la tercerización
ha significado la generación de una ganancia que recibe el tercero, que es a la
vez intermediario de sectores vinculados a la administración que son los
realmente beneficiados con la tercerización. Es una intermediación parasitaria,
que se inscribe en el patrimonialismo y clientelismo que domina la gestión.
Durante la dictadura se aplicó en diversas políticas los mandatos de las
agencias internacionales, al mismo tiempo que se continuaba con el
patrimonialismo histórico. La descentralización del sistema educativo, y la
política de tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante la concentración en
una empresa “sociedad de estado”, el CEAMSE, y la tercerización del trabajo del
tratamiento de los residuos mediante el exclusivo método del relleno sanitario,
son ejemplo de los lineamientos políticos neoliberales. A través de la
corrupción que genera el patrimonialismo se tejen los negocios en beneficio de
empresas que, mediante la tercerización de las políticas, aseguran un mercado
ilimitado de posibilidades. Esta tercerización que comienza en forma masiva en
el proceso militar, y el caso más patente es la creación del CEAMSE, en donde
dos estados, el Nacional en representación del Municipio de la Ciudad de Buenos
Aires, y el de la Provincia de Buenos Aires, acuerdan la constitución de una
sociedad del estado al solo efecto de tercerizar el manejo de la basura.
La creación del CEAMSE, Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de
Estado, como una empresa de derecho privado, confirma que el proceso de
tercerización promocionado en 1998 por el CLAD tiene larga data. Este cinturón
verde se construiría sobre los residuos urbanos enterrados. Su promotor, el
abogado Guillermo Laura ingresó en 1976 en el gobierno militar como Secretario
de Obras Públicas la Municipalidad de Buenos Aires [14]. La creación del CEAMSE,
empresa como sociedad del estado, se inicia a partir de un convenio firmado
entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la
Provincia. La finalidad de esta nueva empresa es el ser vínculo entre los dos
estados y las empresas privadas para la realización de los rellenos sanitario.
El CEAMSE cobra a estos estados anualmente un monto de dinero que luego, como
empresa de derecho privado, administra asignándolo a las empresas
concesionarias.
El novedoso proyecto del “Cinturón ecológico” fue presentado en la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires en 1975 por su autor, el abogado Guillermo
Laura. El citado cinturón consistía en un sector verde y recreativo que rodearía
a la Ciudad de Buenos Aires, que se construiría sobre los residuos urbanos
enterrados. La paradoja es que a los científicos de ese momento no se les
ocurrió hacer un análisis técnico de la propuesta, porque la producción de
metano y dioxinas por parte de esos rellenos ya se podrían haber estimado en
aquella época. El autor del proyecto ingresa como Secretario de Obras Públicas
del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires en 1976 y a partir de ese momento se
aboca a concretarlo.
Lo primero que hace es crear una empresa bajo la forma jurídica de “sociedad de
estado”, el CEAMSE, Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de Estado,
con dos únicos socios: el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno
de la Municipalidad de Buenos Aires. La finalidad: tercerizar el servicio de
enterramiento de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Buenos Aires y de
más de 30 municipios del conurbano. El Almirante Emilio Massera aparece en 1977
acordando con una firma subsidiaria de Techint el tratamiento de los residuos.
La creación y puesta en marcha del CEAMSE tiene un frondoso marco normativo, que
va desde el convenio entre la provincia y el municipio para constituir una
sociedad de estado para la creación de un sistema regional de Parques
recreativos (decreto ley 8782/77, Pcia. Bs. As. y otros), el Decreto Ley 9111/78
que crea el CEAMSE y regula el método de disposición final de residuos bajo la
técnica del relleno sanitario, que lo establecía como obligatorio para todo el
país etc. [15]
La empresa se crea dentro del marco de la ley 20705 que norma sobre las
sociedades de estado. El 6 de mayo de 1977 se establece el primer convenio entre
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, representada por el Secretario de
Obras Públicas, Dr. Guillermo Laura y el Sr. Ministro de Gobierno de la Pcia de
Buenos Aires, Dr. Jaime Lamont Smart por el que se constituye la sociedad que
llaman “Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad de Estado”. En septiembre
del mismo año se aprueba el Estatuto Social y se formaliza el mismo con el
decreto Nro. 2038.
En el Art. 4 del Estatuto se describe el objeto de la sociedad. En el punto a se
define la disposición final de residuos sólidos “proponiendo la afectación
necesaria para que quede integrado un anillo forestado rodeando toda el “área
metropolitana y la Capital Federal “ El punto b se refiere a programas de
urbanización y en donde se establece que puede “transferir a particulares a un
máximo del área total”. El punto c habla de “efectuar las reservas de tierras
necesarias dentro del trazado para la localización de equipamientos”. La
facultad para disponer de los predios (transferirlos, venderlos, cederlos)
aparece como un objetivo empresarial.
Lo mismo ocurre con el punto c) en donde una actividad meramente operativa, como
es disponer de predios para instalar equipos, aparece como un objetivo. En suma,
por los puntos b y c parecería que el objetivo real de esta empresa estaría no
en el ámbito ecológico, sino en el inmobiliario. Pero además, faculta a la
empresa la transferencia al sector privado de su patrimonio. El patrimonialismo,
esto es apropiación de los recursos del estado en beneficio de sectores
privados, aparece así facilitado. En el Art. 5 le asigna a la empresa para
actuar como persona jurídica de derecho privado, lo que hace que la misma quede
manejando fondos públicos sin el control externo a que toda gestión estatal debe
estar sometida. El Art. 8 habla de los recursos, y los fondos provenientes de
las ventas de las propiedades forma parte de los mismos. Este punto se intentó
aplicar en el 2001 cuando Atilio Sabino, presidente del CEAMSE, pretendió vender
2790 hectáreas del Parque Pereyra Iraola que estaban bajo la órbita de la
empresa.
Las denuncias de particulares y organizaciones no gubernamentales motivó la
intervención del Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires que frustró la
citada venta. El contrato firmado entre Massera y Syusa, subsidiaria de Techint
[16] tenía por objeto “la recuperación, forestación y urbanización en la zona
costera del Río de la Plata”. A partir de terrenos rellenados con basura en una
extensión de 1500 hectáreas se debía forestar, parquizar, pavimentar caminos de
acceso y su iluminación para ser destinados a recreación pública. Pero en 1993
se cambia el contrato y en 1999 la empresa presenta un nuevo proyecto en base a
200 hectáreas con 4 km. de costas transferidas a la empresa mediante un trámite
notarial para la construcción de un emprendimiento urbano con puerto deportivo
incluido. Estas 200 hectáreas estaban libres de relleno sanitario. Para ello
recargaron los rellenos en un sector y en base a la basura depositada,
obtuvieron la transferencia de ese predio. El informe indica que en el 93 se
cambio el objeto del contrato y el arbolado que se establecía en el primer
contrato quedó eliminado. Dice el informe que el responsable de este cambio fue
también Atilio Sabino, que estuvo al frente del CEAMSE durante 11 años.
Las autoridades del CEAMSE son nombradas por los gobiernos de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Estos dos gobiernos son los
propietarios. El CEAMSE tiene clientes que son el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y las intendencias del conurbano bonaerense y clientes de la
empresa. Es decir que mientras la ciudad es socio y cliente, los municipios no
son socios, y la Provincia no es cliente. Es evidente que esto desde el punto de
vista organizacional es un ente de difícil comprensión, y las asimetrías están a
la vista.
Por otra parte, siendo una sociedad del Estado, de qué Estado? En todo caso bi-estatal.
¿Qué organismo de control externo debe auditar el funcionamiento de esta
empresa? Ni la Auditoria General de la Nación, ni la Auditoria de la Ciudad de
Buenos Aires ni el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires son
competentes. El fiscal de Estado de la Provincia se reconoce como competente,
pero ello ocurre cuando algún particular u organismo estatal se lo demanda.
Ningún control de gestión o externo de parte de los estados a los que dice
servir se ejerce sobre esta empresa, cuyo financiamiento sí es regularmente
sufragado por dichos estados.
Los predios controlados por el CEAMSE: tierra de nadie:
El escenario que presenta los depósitos de residuos que administran las empresas
contratadas por el CEAMSE está expresado en una queja presentada por la Cámara
Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos ante el
CEAMSE el 15 de noviembre del 2004 [17] y que se puede sintetizar como sigue:
1) Multitud de personas deambulan entre los residuos pútridos, vidrios y demás
elementos peligrosos.
2) Esta gente demora el trabajo de los camiones que transportan los residuos
industriales
3) La demora generará acumulación en origen de los residuos
4) Que la gente se pone en riesgo al pretender rescatar elementos antes que las
topadoras lo entierren
5) Los choferes son amenazados por los indigentes para que depositen lo
transportado “en tal o cual sector que sirva a los intereses de los que dirigen
a estas personas sin contar las agresiones a las unidades (parabrisas, luces y
accesorios rotos) y otros bienes de nuestras empresas asociadas”
6) Denuncia restricción a la libertad de trabajo por la suspensión intempestiva
de la operación de relleno
7) Las autoridades municipales de Ensenada y González Catán “están impidiendo el
acceso a los mismos de residuos provenientes de otras jurisdicciones lo que
agrava más la situación al carecerse de alternativa”
Se queja esta cámara de que, por imperio de la ley 9111/78, se obliga “a los
generadores privados de residuos comprendidos en el área de influencia de CEAMSE
a disponer sus desechos en forma exclusiva y excluyente allí; pero es la misma
norma legal la que obliga a la sociedad que Ud. preside a operar los rellenos en
forma correcta, en todo aspecto, en resguardo de la salud pública y el bien
común”. Notifican estos empresarios que copias de la denuncia se envían al
Presidente de la Nación, Gobernador de la Pcia. De Bs. As., Gobernador de la
Ciudad Autónoma, ministros, secretarios, subsecretarios, al Jefe de Policía de
la Pcia. De Bs. As., al sindicato de camioneros y Cámaras empresarias.
Surge de esta nota el modus operandi de las empresas que producen residuos
industriales y/o peligrosos: contratan un servicio de transporte y este camión
contratado vuelca libremente, con las restricciones que marcan quienes operan en
el lugar rescatando material reciclable.
Aparentemente no existe control alguno sobre la calidad de los residuos así
volcados. Esta nota es de noviembre de 2004. Desde el 2002 rige la Ley 25612
Promulgada con observaciones por el Decreto 1343 del 25/7/2002 y en su Art. 8
dice que “Las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires,
responsables del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos
alcanzados por la presente, deberán identificar a los generadores y caracterizar
los residuos que producen y clasificarlos, como mínimo, en tres categorías según
sus niveles de riesgo bajo, medio y alto.” El documento de la cámara indica que
a dos años de su vigencia la Ley 25612 no se estaría aplicando.
En Argentina las posibilidades de colocar bonos carbón las tiene a partir de la
captación de metano que producen los rellenos sanitarios y es el CEAMSE el mayor
productor de metano a partir de que, a partir de la Ley 9111, es el organizador
y administrador de los rellenos sanitarios del área metropolitana. La
presentación del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Atilio Sabino
sobre su programa de gobierno para el período 2004-2007 aparece con una leve
orientación hacia la recuperación y reutilización de residuos tomando como base
la experiencia de los municipios que ya están trabajando con esas tendencias,
como Trenque Lauquen, Laprida, etc. Pero el artículo de La Pulseada resalta el
hecho de que Sabino haya sido presidente del CEAMSE durante 10 años y que la
política de los rellenos sanitarios para el tratamiento de la basura vendría
sustentada por el Banco Mundial [18]
5. La Ley Basura 0
La Ley de la Ciudad de Buenos Aires conocida como Basura 0 es el resultado de
una campaña llevada a cabo por Greenpeace mediante reclamos a la legislatura,
propuestas a partir de su página Web, que consisten fundamentalmente en la
minimización de los residuos y la separación en origen. Al mismo tiempo,
denunciaba al CEAMSE por las emanaciones tóxicas de sus rellenos sanitarios y la
pretensión de abrir nuevos rellenos en municipios más alejados de la capital. El
proyecto “Basura 0” fue tomado por legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y
la campaña tuvo su éxito con la sanción de la ley.
La ley se encuadra en el proceso nacional de tratamiento de los residuos
enmarcados en la ley nacional 25916 y nos informa que en la ciudad de Buenos
Aires la dirigencia política ha asumido la responsabilidad de encarar el
problema de la contaminación producida por los residuos de la ciudad de Buenos
Aires y a la vez le da un marco jurídico a los que, en busca de su sustento
diario, recorren la ciudad en busca de elementos reciclables. La ley legisla
exclusivamente sobre residuos sólidos domiciliarios, excluyendo todo otro tipo
de residuos. En tal sentido, no se puede hablar de una política integral de
tratamiento de residuos, en la medida en que los residuos industriales que se
rigen por la ley 25.612 no están regulados a nivel ciudad de Buenos Aires. Y el
otro punto es la ausencia a toda referencia al futuro del CEAMSE, que mientras
siga en vigencia entrará en colisión con los objetivos de la ley.
A su vez la Ciudad de Buenos Aires legisló sobre la problemática del impacto
ambiental mediante la Ley de Impacto Ambiental 123 y su modificada por Ley n°
452, el 10 de diciembre de 1998. Esta ley en general se refiere principalmente a
nuevos emprendimientos y con aplicación dentro del territorio de la Ciudad. Pero
el capítulo XIX, artículo 40 se refiere a las actividades, proyectos, programas
o emprendimientos que “se encuentren en desarrollo, ejecución o funcionamiento
al promulgarse la presente ley” que “deben presentar un Estudio Técnico de
Impacto Ambiental elaborado de conformidad a lo indicado por el artículo 19° y
en los plazos que establezca la reglamentación. El citado estudio estará
acompañado de un Plan de Adecuación Ambiental, según las condiciones de tiempo,
forma y publicidad que determine la autoridad de aplicación”. (Conforme texto
Art. 10 de la Ley Nº 452, BOCBA Nº 1025).
En la Provincia de Buenos Aires ha habido intención de disolver el CEAMSE. En
una conferencia de prensa realizada en la segunda quincena de mayo de 2003 [19]
el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Federico Scarabino
anunciaba que el gobierno del Dr. Felipe Solá enviaría en el transcurso de la
semana a la Legislatura un proyecto de Ley que lo autorice a disolver la
Coordinadora Ecológica Área Metropolitana S.E. Dijo el funcionario que la CEAMSE
ha perdido un poco el rumbo, es una empresa con problemas económicos y
financieros, según sostienen sus actuales responsables que, en muchas ocasiones,
perciben tarifas que no se comparecen con los costos. Por otra parte los
municipios del Gran Buenos Aires -que son a los que a nosotros nos preocupan- en
muchos casos consideran que las tarifas son muy elevadas, no están conformes con
el sistema de disposición ni con las perspectivas que se les ofrecen desde la
empresa. Y también existen dudas en algunos sectores de la población sobre el
cumplimiento de las normas de saneamiento ambiental y del control de medio
ambiente". Este proyecto de ley, una vez sancionado, permitiría al Poder
Ejecutivo sentarse a negociar con su socio el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires sobre el futuro institucional de la empresa y el destino que se darán al
objeto de la empresa: los residuos domiciliarios que producen 13 millones de
habitantes. Un tema harto complejo, que no puede ser reducido a una cuestión de
negociación o decisión política, pero que por las presiones de la gente, el
desconocimiento de la problemática por parte de aquellos que tienen la
responsabilidad de decidir, se pretende solucionar con medidas mágicas
El gobierno envió el proyecto en el 2003 pero El tratamiento de la ley del
CEAMSE se vio entorpecida por la presión de los legisladores de no tratar la ley
si se vetaban algunos artículos sobre una ley de juego. En definitiva, la ley
del CEAMSE no se trató. El Secretario de Política Ambiental de la Provincia,
Jorge Etcharán, declaraba por mayo de2004 algo que es una realidad, pero no por
ello imposible de cambiar: "la auditoria del CEAMSE la hace la misma empresa. La
provincia tendría que poder auditar esa auditoria, pero es imposible porque está
estipulado así por ley. El CEAMSE hoy tiene total independencia. La provincia es
parte del CEAMSE y lo que decida el presidente de la empresa, tiene el aval de
la Provincia, porque es la Provincia la que designa al presidente [20]
El problema para encarar la disolución del CEAMSE estriba en que utilizando el
rótulo de Sociedad de Estado la empresa hace lobby entre los diputados
provinciales para inhibir el tratamiento de una ley y por otro lado lograr una
ley que obligue a los intendentes a recibir la basura. La empresa, totalmente
tercerizada, encubre bajo la fachada de sociedad de estado una libertad para
incumplir las normas básicas con que se maneja la técnica de relleno sanitario,
abandonando a su suerte a los predios cerrados y dejando que los tóxicos que
producen los basurales mal enterrados y mal tapados se liberen por todo el área
circundante. Es evidente que la mayoría de los legisladores no tienen la mínima
idea de lo que esto significa, y tratan con total liviandad el problema [21]
Respecto a la ley que legisla sobre Sociedades de Estado, la Nro. 20.795 en su
artículo 5 dice "No podrán ser declaradas en quiebra. Sólo mediante autorización
legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del
Estado" De acuerdo a este artículo, en tanto que es una sociedad
interjurisdiccional necesita que las legislaturas de los dos estados resuelvan
la liquidación de la sociedad. Pero no por una razón de quiebra, pues vimos que
el cobro de lo facturado está asegurado por lo menos en el ámbito provincial a
través de la legislación y también está convalidado en la ciudad de Buenos Aires
según surge del informe de la auditora de la Ciudad de Buenos Aires Noemí
Fernández, pues el pago anual está en el presupuesto y por el modus operandi de
la empresa CEAMSE con los residuos y la ausencia de control del Gobierno de la
Ciudad. [22]
En todo caso, sería por no cumplir el objeto a) del Artículo 4, pues surge de la
aplicación defectuosa de la tecnología de relleno sanitario que no se hace
saneamiento y las parquizaciones no fueron realizadas según lo establece el
estatuto. Para convalidar esto último habrá que analizar la normativa modificada
en 1987 y en 1993 (según lo expuesto por organizaciones ecológicas y que surgen
del presente trabajo) pues si no fueron hechas por ley no tienen vigencia. Pues
el Estatuto, convalidado con el decreto-ley 8781, sólo puede ser modificado con
otra ley. Según surge de estas consideraciones se habría dejado el objetivo del
"cinturón verde" es decir la creación de parques y espacios recreativos [23] y
se habría concentrado en la disposición de residuos y los movimientos
inmobiliarios.
6. Los cartoneros o recuperadores urbanos
La Ley “basura 0” habla de “recuperadores urbanos”, una manera elegante para
aludir a los que por la miseria, marginación y exclusión en la que cayeron
millones de argentinos por la aplicación de política neoliberal. Pero a la vez
encubre la incapacidad de esta sociedad para insertar a estos sectores en el
campo del trabajo productivo. Se congela así el panorama de la miseria en que
los “recuperadores urbanos” están insertos. No obstante, podemos dar como
síntoma positivo que desde el Estado se hayan hecho eco del terrible esfuerzo
que han hecho este sector social en organizarse en cooperativas generando un
ingreso económico genuino para miles de familias.
Volviendo al texto de Matus, la inclusión de los “recuperadores urbanos” como un
“tercer sector” nos muestra dos cosas: la consolidación de la pobreza y
marginalidad de amplios sectores de la población y a la vez la aceptación de
políticas neoliberales de tercerización en políticas que tienen intención de
proteger a los sectores empobrecidos.
La ley Basura 0 es incompatible con la prosecución del CEAMSE. Pero el CEAMSE
representa no los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, sino
de las empresas que el CEAMSE contrata. A pesar de los movimientos masivos de
poblaciones enteras que se han manifestado en contra de la empresa, a pesar del
grave problema que significa la disposición final de residuos, se sigue
persistiendo en tener al CEAMSE como director de las políticas en materia de
residuos. Esto se debe al poder político que detenta el CEAMSE y que no reside
en la delegación del poder conferido por los estados socios, sino por los
intereses sectoriales de las empresas concesionarias que encuentran en la
empresa, sociedad de estado, un espacio permanente para hacer lobby.
7. Conclusiones
El marco jurídico institucional en que se ha plasmado la ley Basura 0 se puede
sintetizar en lo siguiente
1. Las instituciones de la república tienen un fuerte sesgo patrimonialista.
Esto es, debilidad de los resortes institucionales que marca la Constitución en
cuanto a la división de poderes, a los controles internos y externos, a la
capacitación para la función pública, y tendencia a confundir los recursos
públicos con los recursos privados. A medida que se desciende en el nivel
jurisdiccional esta situación empeora. Este sistema aumenta los niveles de
pobreza en los países pobres.
2. En los períodos democráticos el sistema político, además de patrimonialista,
es clientelar y prebendario. Esto es, se establece una relación entre el poder y
la ciudadanía que tiende a solucionar los problemas de los ciudadanos en forma
particular y no universal.
3. Los organismos internacionales de asistencia a los países pobres (FMI, CLAD,
Banco Mundial) ejercen un poder coercitivo y a veces coactivo para la
implementación de políticas neoliberales. La dictadura militar de la década del
70 y luego los distintos gobiernos democráticos aceptaron estas presiones.
4. Para estos organismos, el rol del Estado se reduce a la regulación de los
servicios públicos practicados por las empresas privadas y al mero rol de
formular y financiar las políticas.
5. La tercerización de los servicios públicos es la política obligada por los
organismos internacionales. Los ejemplos abundan: la contratación de
gerenciadoras del PAMI, la privatización de las empresas públicas, la
implementación, con fuerte promoción y aceptación de la jubilación privada, que
desfinanció al Estado y lo obligó a aumentar el IVA (IVA creció de 13.6 % a 16 %
en abril de 1991, luego a 18 % en junio de 1991 y luego a 21 % en 1995,
aumentando el precio de la canasta básica y por ende la cantidad de población en
niveles de pobreza), la tercerización de la disposición final de residuos en la
Capital y el conurbano a través de la creación del CEAMSE.
6. A través de la tercerización las empresas privadas concesionarias de la
política entran en el entramado patrimonialista y clientelar dando lugar a una
nueva modalidad patrimonialista, en donde por medio de lobbies y la introducción
en el entramado burocrático del Estado de agentes que responden a la empresa
logran que se tomen decisiones en beneficio propio.
7. El CEAMSE tiene como misión establecer contratos con las empresas privadas
encargadas de recibir los residuos. En ese sentido, es un punto de transferencia
de recursos del sector estatal al sector privado.
8. La ley basura 0 ignora la existencia del CEAMSE.
9. La construcción jurídica de la empresa como sociedad del estado es oscura y
engorrosa. La ley 20705 alude a una sociedad perteneciente a un estado, no a
dos, como el CEAMSE.
10. Los intereses de las empresas contratistas del CEAMSE son contrarios a los
objetivos de la ley Basura 0.
11. Para lograr una auténtica implementación de un plan basura 0 debe disolverse
el CEAMSE, para lo cual deben intervenir las legislaturas de los dos estados que
la compone y planificar su reemplazo por otra forma jurídica. www.ecoportal.net
Nota:
Ponencia presentada en el Foro y Congreso Internacional de Políticas de
Reciclado en Grandes Urbes, realizado en Capital Federal por el GCBA. 27,28 y 29
Septiembre - En la Mesa Nro. 4 de Ponencia y Debate se expuso sobre Ley Basura
Cero y CEAMSE.
Referencias:
[1]Oszlak, Oscar, "Políticas Públicas y Regímenes Políticas, Ed. Cedes, Bs. As.,pag
42
[2] Mario Matus, “Trayectorias divergentes de la desigualdad en América Latina
www.iigov.org/id/attachment.drt?art=22652
[3] Ibíd., pag. 17
[4] Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo “Una Nueva
Gestión Pública para América Latina”CLAD, 1998 www.clad.org.ve/fulltext/0032400.pdf
[5] Ibíd., pag 2
[6] Ibíd., pag. 8
[7] Nota La Nación del 23 de julio de 2004
[8] http://www.mecon.gov.ar/finanzas/download/deudac.xls#A.1.1!A1 31 de marzo
del 2007
[9] Historia de las Relaciones Internacionales, CEIEG,Tomo 15, cap. 2 http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/15/15-054.htm#041
[10] Perfil, 17 de mayo de 2007. http://www.perfil.com/contenidos/2007/05/17/noticia_0075.html#sigue
[11] Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina,
CEIEG, http://www.cema.edu.ar/ceieg/arg-rree/11/11-075.htm
[12] Comunicado de prensa Nº: 2001/329/S http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:20045736%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:1074568,00.html
[13] fuente: www.lapulseada.com.ar. 20 de mayo de 2004 Artículo de Sabina
Crivelli
[14] El Cinturón Ecológico del Dr. Guillermo Laura fue editado por Agencia
Periodística Cid, Avda. de Mayo 666 (lugar que ocupa en la actualidad) en
octubre de 1979 y no fue reeditado. Es fotocopiado en la biblioteca del Ceamse.
El trabajo del Dr. Laura fue presentado a la Academia Nacional de Ciencias de
Buenos Aires en junio de 1975, mereciendo por unanimidad el Premio "Ingeniero
Luis Huergo.” Fuente Primer congreso nacional sobre el manejo integral de
residuos urbanos .“Vida o negocios” Autor: Daniel www.asambleas-argentinas.org.ar
3 de junio de 2004
[15] El listado completo de normas se encuentra en www.vasoc.com.ar y en “el
CEAMSE o la CEAMSE”
[16] Periódico Perspectiva Sur. www.rebanadas.com.ar
[17] www.conteman.com.ar/CEAMSEQUEJA.pdf
[18] fuente www.lapulseada.com.ar
[19] fuente www.launion.com.ar . 22 de mayo de 2003
[20]Fuente Revista la pulseada, 20 de mayo de 2004. Art. de Sabina Crivelli
[21]www.prensaclave.com.ar , 10 de febrero de 2005
[22] Ver punto 7 “La respuesta gubernamental”
[23] Ver punto 6 “El negocio de las tierras”
Por Lic. Luisa Landerreche
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