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ANEC, CEMDA, Fundación Heinrich Böll, Greenpeace, Oxfam y RMALC demandan una
Ley de Bioenergéticos, oportunidad histórica para desarrollar fuentes de energía
sustentables y alternativas al petróleo
México, 13 de septiembre de 2007. Con el veto presidencial a la iniciativa de
“Ley de promoción y desarrollo de bionergéticos” -aprobada por mayoría en el
Congreso el 26 de abril del presente año- se abren nuevas oportunidades para
legislar políticas de desarrollo de bioenergéticos que no afecten la soberanía
alimentaria y que contribuyan a mitigar el cambio climático, señalaron en
conferencia de prensa organizaciones ambientalistas, campesinas e
internacionales.
La producción de los biocombustibles no puede sustentarse en un enfoque
primordialmente agrícola, un argumento que estas organizaciones aplauden en el
veto presidencial (a la propuesta de Ley de Bioenergéticos); sin embargo, hacen
un llamado al gobierno federal a la coherencia pues paralelamente promueve
plantas de etanol a partir de maíz por todo el país.
Al respecto, Susana Cruickshank de Oxfam-Internacional opina "cualquiera que sea
el insumo agrícola, debe contemplarse que en primer lugar, no ponga en riesgo la
seguridad alimentaria de la población, en segundo que no compita por insumos
agrícolas como el agua, la tierra, los fertilizantes, ya que incrementar la
demanda de biocombustibles pone en riesgo la viabilidad de la producción de
alimentos en los países productores. Además, sabiendo que siempre hay perdedores
y ganadores, los países netamente importadores de alimentos se encuentran entre
los más vulnerables, debido al la alza de precios de los alimentos”.
Por su parte Ivan Polanco, de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo (ANEC) agregó “El congreso y el ejecutivo
deben garantizar que la nueva ley deje fuera completamente al maíz de la
producción de biocombustibles. Además también deben de asegurar que esta ley sea
coherente con una estrategia nacional de soberanía y seguridad alimentaria, la
cual garantice la producción nacional suficiente para abastecer a los mexicanos
de alimentos sanos. De no hacerlo se corre el riesgo de hambrunas y desorden en
el suministro de alimentos. Actualmente, México ya es dependiente de la
importación de alimentos. Por ejemplo, 30% de maíz y 40% de otros granos básicos
que consumimos los mexicanos son importados. La crisis del maíz ya demostró lo
que esto puede significar para México.”
Las organizaciones, que recientemente llevaron a cabo las “Jornadas de
Reflexión: biocombustibles, ¿peligro o esperanza?” en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), señalaron que la
Cámara de Diputados deberá considerar la reformulación de la política de
bioenergía, como un paso más hacia la urgente transición energética y rural de
nuestro país.
En este sentido, Jorge Villarreal de la Fundación Heinrich Böll opina que “la
mejor estrategia para la transición energética y mitigación del cambio climático
es la diversificación de la generación de energía; los biocombustibles son solo
una parte en este portafolio, que debe incluir otras medidas. Es solo a partir
de esta transición en nuestra manera de conseguir y consumir energía, que México
podrá hablar de una mitigación real de cambio climático.”
Gustavo Ampugnani de Greenpeace considera que, luego del veto presidencial, se
abre una nueva oportunidad para que México aborde el tema de la bioenergía desde
la perspectiva de las energías renovables y del combate al cambio climático, y
no desde los intereses de un reducido grupo de agroindustriales. “Si vuelven a
prevalecer los intereses de la agroindustria y del mercado de exportación, los
agrocombustibles pueden colocar al país en una dinámica perversa que sólo
reproduce el modelo de agricultura industrial y de monocultivo. Y esto desemboca
en impactos negativos en la soberanía alimentaria, la agricultura sustentable,
la biodiversidad y en la estabilidad del clima global”.
“No se puede considerar a los biocombustibles como la única solución en el
sector del transporte frente al cambio climático; éstos son sólo una pequeña
parte de la solución que debe recibir su justa -y no mayor- promoción en
relación a otras soluciones más efectivas, como lo son la promoción y mejora del
transporte público y el desincentivo del automóvil particular.” Concluye Katya
Pérez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Contacto para medios de comunicación
Jorge Villarreal, 5264 2894 / 52641514 / 04455 3455 7805 programas@boell-latinoamerica.org.mx
Katya Pérez, CEMDA, 5286 3323 extensión 26 o 15
katyap@cemda.org.mx
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