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En los últimos tiempos la actividad minera en el Perú ha enfrentado
conflictos de diversa intensidad con las comunidades locales en las que se
ubican (o pretenden ubicarse) los yacimientos y con sus propios trabajadores. En
varios de estos conflictos las poblaciones y los trabajadores se han opuesto
radicalmente al desarrollo de los proyectos mineros. Casos como los de MINSUR en
Tacna, Casapalca en Lima o anteriormente Tambo Grande y Río Blanco en Piura,
Cerro Quilish, la Zanja y otros en Cajamarca, muestran el grado de agudización
al que han llegado estos conflictos, aquí se han producido enfrentamientos con
perdidas de vidas humanas, lesiones graves a la integridad física o destrucción
de la propiedad publica y privada.
El gobierno de Alan García, mas allá de implementar una estrategia estructural
que parta de revisar los contratos jurídicos con las grandes mineras, ha
reaccionado a este hecho social con más represión y tratando de desvirtuar la
naturaleza real de dichos conflictos. Con ello García, una vez más, ha dejado en
el rincón de los recuerdos sus promesas electorales del 2006 y le viene dando
continuidad, a sangre y fuego, a la política económica neoliberal iniciada en el
Perú por Fujimori. A continuación detallaremos algunas características que
presenta la extracción minera en el Perú y algunas alternativas que consideramos
podrían contribuir a solucionar el problema desde la raíz.
NEOLIBERALISMO Y MINERÍA
El gobierno autoritario de Fujimori, con un programa neoliberal brindó las
condiciones propicias para atraer la inversión extranjera. Esto permitió que los
empresarios mineros se beneficiaran, afectando a los productores agropecuarios y
otros sectores económicos, incrementando el desempleo. Durante este período, se
reforzó el centralismo y se profundizó la recesión. Por su parte el gobierno de
Alejandro Toledo, con la misma política económica, obligo a seguir las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y facilito la inversión de las
empresas mineras. Y por ultimo el actual gobierno presidido por Alan García
Pérez le da continuidad a estas iniciativas antipopulares.
Con esta política el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, se
convierte en propietario o accionista de empresas mineras; en regulador de la
política del sector minero, en fiscalizador para el cumplimiento de las normas
ambientales y, a la vez, en promotor de las inversiones mineras. En
consecuencia, no existe ninguna institución que vigile las actividades del
Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e intereses de las
comunidades afectadas. Es decir el Estado ha implementado toda una red para
facilitar la inversión minera, sin el cumplimiento de las normas ambientales y
una adecuada y real participación de las comunidades afectadas y los
trabajadores en la toma de decisiones.
Debido a ello la expansión de la actividad minera ha comprometido un importante
número de cuencas, la disponibilidad del agua e impacto en la biodiversidad,
poniendo en peligro la producción agropecuaria que resulta vital para la
supervivencia de las comunidades. Lo grave es que la minería ha ingresado a
tierras agrícolas afectando los escasos terrenos de cultivos altamente
productivos de los valles interandinos y de la costa. Esta expansión afecta las
tierras de 3,200 comunidades campesinas que se han visto invadidas sin previa
consulta.
Aun cuando en el Perú las exportaciones mineras ascienden a US$ 4 573 millones
de dólares anuales y representan el 51% de las exportaciones totales, la
producción minera sólo contribuye con el 5% del Producto Bruto Interno (PBI),
aportando en impuestos con un promedio anual de 1.9 % de sus exportaciones.
Entre 1992 al 2002 la producción minera acumulada superó los 63 mil millones de
soles, pero sólo aportó como canon 654 millones de nuevos soles, lo que es
apenas el 1%.
La actividad minera tiene un limitado efecto multiplicador en la producción y el
empleo, debido al alto nivel tecnológico incorporado en las nuevas inversiones
desde los años 90. La minería peruana sólo emplea directamente a 67 mil personas
de la población económicamente activa de los cuales 10 mil son personal en
planilla con beneficios sociales y 57 mil bajo el sistema de SERVICES, sin
beneficios sociales, con trabajos de 12 horas y jornales inferiores a 9 dólares.
Se estima que la generación de 1 puesto de trabajo en el sector tiene un costo
de $ 267.00. En Casapalca, por ejemplo, solo hay 110 empleados en planilla y
1,548 se encuentran bajo el régimen de las Services. Asimismo, la minería al no
contar con las familias mineras en el área de operaciones no consume productos
de la zona. Incluso para la alimentación del personal se adquiere alimentos en
frío de proveedores extranjeros.
El efecto de la compra de tierras para uso minero ha generado el desplazamiento
de campesinos, principalmente, a ciudades cercanas. En éstas al no encontrar
empleo y gastarse el dinero recibido, los campesinos pasan a engrosar la
población de pobres marginales, soportando, adicionalmente, un encarecimiento
del costo de vida. El caso de Cajamarca revela que un incremento del PBI per.
cápita entre 1 992 y el 2 001 se tradujo en el pase del cuarto al segundo lugar
entre los departamentos más pobres del Perú y en él opera la mina de oro más
grande de Latinoamérica y la 4ta, en el mundo.
CONSECUENCIAS DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ
a) Minería y agricultura:
Con la apertura de la economía liberal en los años 90, el sector agrario fue
sumamente perjudicado debido a los subsidios aplicados por los países
exportadores para favorecer la entrada de productos importados al mercado
nacional. Esto trajo como consecuencia el menoscabo de la producción agrícola y
contribuyó a la caída de los precios de los principales productos agropecuarios:
el arroz, papa, carne, lana y fibra, entre otros. La situación se agravó aún más
por el incumplimiento del gobierno de dar prioridad al desarrollo del sector
agrario y de aplicar medidas efectivas para su reactivación. Peor aún será para
los productores con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) ya que los
pequeños productores no podrán competir con la producción tecnificada de los
EE..UU.
Desde hace más de una década, en el Perú, se viene aplicando una política
neoliberal sujeta a los compromisos de los gobiernos de turno con el Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, OMC, BID, etc. Dentro de este contexto,
se dictaron normas que otorgaron prioridad a la actividad minera sobre la
actividad agrícola; facilidades para el acceso a tierras y agua para uso minero,
vulnerando los derechos de propiedad de las comunidades; facilidades económicas
para el desarrollo de la minería en mejores condiciones que otros sectores
económicos, a través de contratos de estabilidad tributaria, beneficios por la
reinversión de utilidades, la exoneración de impuestos, la flexibilización
laboral, la fiscalización ambiental, etc.
Ha sido y es asunto vergonzante la ausencia o presencia débil del Estado para
resolver los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras. Su rol de
promotor de las inversiones mineras hace que su actuación en los conflictos se
incline a favor de las empresas mineras. Un ejemplo de esta situación es el
deplorable papel que viene cumpliendo el Estado en Tambogrande, Majas y otros
centros mineros en el país.
b) Minería, medio ambiente y agua:
Los pasivos ambientales y sociales del sector minero no han sido resueltos
totalmente hasta la fecha: cuencas, lagos, lagunas y ciudades contaminadas y en
destrucción permanente, conflictos entre las comunidades y las empresas por el
control de la tierra. Todo esto se intentó resolver con la aplicación por cinco
años de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las
empresas mineras, sin embargo, no se han obtenido resultados satisfactorios
públicos hasta la fecha.
La autoridad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos programas
es el Ministerio de Energía y Minas. Este órgano ha incurrido en violación de
sus propias normas al exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las
empresas mineras, facilitando la ampliación del período de ejecución de los
PAMAs con la dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial de Manejo
Ambiental) para empresas que no hayan cumplido con el PAMA pueden acogerse al
PEMA.
Tras el otorgamiento por el Estado de las concesiones mineras, las empresas
desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una Consultora Ambiental
pagada por la empresa y se procede a la aprobación del mismo por el Ministerio
de Energía y Minas después de la Audiencia Pública. Esta última no constituye
una consulta sino una reunión para sugerir cambios que permitan superar las
'imperfecciones' del EIA. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad
para fiscalizar la veracidad de los datos de los indicadores ambientales
consignados en la línea base del EIA y hasta el momento no ha desaprobado ningún
EIA correspondiente a un proyecto minero de mediana o gran envergadura que
implique el retiro del mismo. A pesar que existe un rechazo al mecanismo, poco
se hace para mejorar el procedimiento. La Audiencia Pública resulta ser un
mecanismo estatal pro mina con fachada democrática y participativa.
c) Minería, tierra y territorio:
El artículo 89º de la Constitución Política de 1993, sólo reconoció el carácter
imprescriptible del derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas
sobre sus tierras, no haciendo lo mismo con las características de
inembargabilidad e inalienabilidad como lo establecía la Constitución de 1979.
En ese sentido, la actual Constitución no garantiza el derecho de las
comunidades a un territorio que ha sido suyo desde tiempos inmemoriales,
disminuyendo el derecho de propiedad y no reconociendo todos los atributos que
este derecho tiene en el caso de las comunidades con respecto a las tierras y
territorios que ocupan.
Los propietarios de los territorios, sean comunales o individuales, sólo tienen
derecho al suelo, mientras que el Estado es propietario del subsuelo, en donde
se encuentran los recursos mineros. Por ello, las concesiones para el desarrollo
de las actividades mineras sitúan en una posición de inseguridad jurídica el
derecho de propiedad de las comunidades, muy a pesar de que la Constitución
Política señale que este derecho es inviolable, que el Estado lo garantiza y que
a nadie se pueda privar de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de
seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. Sin embargo, es el
propio Estado que, mediante el procedimiento de servidumbre que le compete al
Ministerio de Energía y Minas, viola la Constitución y el derecho de propiedad
con el fin de otorgar tierras a las empresas mineras cuando las comunidades no
están de acuerdo en cederla para la realización de actividades mineras, con ello
el propio Estado viola derechos de sus ciudadanos.
El conflicto generalmente se origina cuando se hacen contratos de compra-venta
de tierras para que las empresas mineras tengan acceso y desarrollen sus
actividades. Estos contratos no observan los requisitos legales establecidos por
la ley No. 26505 que señala que para disponer, gravar, arrendar o ejercer
cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se
requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto no menor de los dos
tercios de todos los miembros hábiles de la Comunidad, mientras que para el caso
de la costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de
los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente.
En la realidad, las empresas se aprovechan de las urgencias económicas de los
pobladores, de la falta de conocimiento de sus derechos. Asimismo, el carácter
expropiatorio de la vigente ley de servidumbre minera y su rechazo por parte de
las comunidades han hecho que su aplicación sea inviable (además de ser una
norma inconstitucional)
El Estado no ha implementado procedimientos de participación y consulta
adecuados y efectivos, para que las comunidades tomen decisiones en la función a
sus prioridades de desarrollo o sobre el desarrollo de actividades mineras en
sus territorios, de acuerdo al Convenio Nº 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado Peruano.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA MINERO
Lo primero que debemos hacer es reconocer que los problemas generados por la
minería en el Perú, mas allá de tener expresiones técnicas y particulares,
tienen una naturaleza política expresada en la aplicación, por parte de las
clases dominantes que controlan el estado, de una estrategia de dominación y
sometimiento a los grandes grupos de poder dominantes e imperialistas a escala
mundial. Esa estrategia hoy se llama neoliberalismo y se encuentra sostenida
jurídicamente en la Constitución de 1993 promulgada por el corrupto y
dictatorial gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.
En ese sentido, lo primero que debemos exigir si realmente queremos acabar con
las nefastas consecuencias generadas por la minería, es la convocatoria cuanto
antes a una Asamblea Constituyente que le permita al pueblo en su conjunto
rehacer, de acuerdo a sus necesidades y genuinas aspiraciones, el modelo de
estado imperante. En esta nueva constitución del estado peruano se anularan los
grandes beneficios tributarios y concesiones de los que hoy gozan las empresas
mineras, se promoverá la creación de formas realmente democráticas que permitan
al pueblo y a los trabajadores ser tomados en cuenta a la hora de realizar las
grandes decisiones de trascendencia nacional, se respetara realmente el derecho
a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas sobre las que muchas
veces se han asentado los consorcios mineros, se aplicaran mecanismos que
promuevan la preservación de la vida y del medio ambiente, entre otras medidas
que reivindiquen al pueblo y al ser humano sobre la gran inversión privada.
Estas demandas ya fueron planteadas en su momento (elecciones presidenciales del
2006) por Ollanta Humala y tímidamente por Alan García, logrando concitar la
atención de millones de peruanos que en esa oportunidad depositaron su voto por
el cambio y contra el continuismo neoliberal. Alan García, sin embargo, viene
demostrando una vez mas que lo dicho en la campaña electoral no era mas que
retórica demagógica y que una vez en el gobierno esta dispuesto a profundizar el
saqueo neoliberal. Es tarea pues del pueblo, ha través de la movilización y la
lucha unitaria y centralizada, imponer nuevamente estas demandas programáticas
que nos permitirán avanzar hacia el ansiado objetivo de la liberación nacional y
de esa manera empalmar con los grandes procesos de transformación social que hoy
se viven en los países hermanos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba.
Julio Cesar Blanco Barrera, Profesor de Ciencias Sociales
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