Datos publicados por el investigador Shawn Hattingh, en la revista mensual MRzine bajo el título “Liberación de Alimentos, Comercio de la Muerte”, ofrecen elementos sumamente elocuentes sobre este multimillonario negocio, al reflejar las ganancias obtenidas en los tres primeros meses de 2008 por varias transnacionales.

Diversas causas han influido en los últimos tiempos para desatar una crisis mundial de alimentos que afecta aún más a los 854 millones de hambrientos y a otros 3 000 millones de personas que sobreviven en el orbe con solo dos dólares diarios de ingresos y deben gastar el 80% de sus insuficientes entradas en adquirir esos productos. Cada 24 horas mueren por hambre y desnutrición 18.000 niños.

En un planeta donde se producen alimentos suficientes para sus 6 000 millones de habitantes, resulta contradictorio que los precios del maíz, arroz, trigo, leche, aceites comestibles, frutas y verduras, por citar algunos, se hayan duplicado en los últimos 20 meses.

Cifras aportadas por organismos internacionales sostienen que desde 1961 la producción mundial de cereales se triplicó y las reservas siguen estando muy por encima de la demanda, mientras que la población solo se duplicó. En 2007 las cosechas cerealeras superaron los 2 350 millones de toneladas lo que significó un aumento del 4% en relación con 2006.

Un estudio de la FAO determinó en 2005 que en el mundo se produce suficiente alimento como para suministrar más de 2800 calorías por día a todos sus habitantes, que representan el mínimo necesario para una buena salud general. Estos datos se hacen efectivos pese al aumento de la población global. Es decir, el informe no echa la culpa al aumento del consumo alimentario en países emergentes como India o China como afirman los países occidentales.

Los altos precios han provocado que en numerosas ciudades del orbe se realicen manifestaciones multitudinarias de protesta como las ocurridas en Haití, Egipto, India, Paquistán, Somalia, Senegal, Mozambique, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Mauritania, Filipinas, Yemen, Guinea, Indonesia, Bolivia, Etiopía y Bangladesh.

El vice primer ministro de Cuba, José Ramón Machado Ventura, jefe de la delegación de la Isla a la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria, efectuada recientemente en Roma, denunció las causales generales de la crisis.

“Los países del Norte tienen una indiscutible responsabilidad en el hambre y la desnutrición de 854 millones de personas. Ellos impusieron la liberación comercial entre actores claramente desiguales y las recetas financieras de ajuste estructural. Provocaron la ruina de muchos pequeños productores en el Sur y convirtieron en importadores netos de alimentos a países que antes se autoabastecían e, incluso, exportaban.

“Los gobiernos de los países desarrollados se niegan a eliminar los subsidios agrícolas, mientras imponen sus reglas al comercio internacional. Sus voraces transnacionales establecen precios, monopolizan tecnologías, imponen injustas certificaciones y manipulan los canales de distribución, las fuentes de financiamiento, el comercio y los insumos para la producción mundial de alimentos. Controlan, además el transporte, la investigación científicas, los fondos genéticos y la producción de fertilizantes y plaguicidas”.

De tal forma, resulta incongruente que en esa importante reunión citada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), algunas de las naciones desarrolladas solo hablaron de entregar ciertas sumas de dinero para paliar o ponerle parches momentáneos a la asfixiante situación en los países más pobres, y no atacaron las deformaciones estructurales implantadas por el sistema capitalista.

Graves problemas actuales son las estructuras establecidas en los modos de producción y tenencia de la tierra que se han desvirtuado aún más con la imposición, desde hace tres décadas, de políticas neoliberales y de privatizaciones en el campo.

Pequeños y medianos productores, arruinados ante la insostenible competencia, venden a precio irrisorio sus parcelas o abandonan los pedazos de tierras arrendados, emigran hacia las ciudades, y dejan el espacio libre a las grandes compañías y a los terratenientes nacionales.

A la par, el comercio, distribución y precios de los alimentos son impuestos en el mercado por los monopolios internacionales. Es decir, la industria global de los productos del agro se ha estructurado sobre la base de los beneficios del negocio corporativo y no para resolver las abrumantes situaciones alimentarias de las poblaciones.

Los países ricos del Norte, encabezadas por Estados Unidos y potencias de la Unión Europea, con la acción directa de las organizaciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) obligaron a las naciones pobres a abrir sus mercados para después llenarlos de alimentos subvencionados con los que no pueden competir los productores nacionales. Esto ha provocado devastadores resultados para la agricultura del Tercer Mundo. Uno de los casos más representativos de esta situación es el de México, que se agudizó tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 con Estados Unidos y Canadá. El Tratado ha ampliado la enorme brecha existente en la nación azteca entre una minoría rica y una mayoría cada vez más pobre que ya suma más de 50 millones de habitantes.

El TLCAN, al permitir la entrada libre o a bajos impuestos de cereales y gramíneas como maíz y frijol procedentes de Estados Unidos, estimuló la quiebra de miles de campesinos mexicanos que no resistieron la desigual competencia.

Un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) denunció que desde la entrada en vigor del TLCAN, el campo nacional atraviesa por la crisis más severa de su historia y la nación ha perdido 181 millones de dólares por omitir solo el cobro arancelario a las importaciones de frijol de Estados Unidos y Canadá.

Si en 1966 el país no solo se autoabastecía de frijol sino que exportó 102 000 toneladas, y en 1978 vendió en el exterior 130 000 toneladas, en los últimos años ha tenido que importar como promedio entre 160 000 y 180 000 toneladas.

A partir de la década de 1980 México se convirtió en importador de este producto y actualmente es el sexto país comprador en el mercado internacional. Como es de suponer, Estados Unidos es su principal abastecedor.

Investigadores de varias universidades mexicanas como Alma Ayala Garay aseguran que aproximadamente emigran al año 40 000 habitantes de las zonas rurales y de esos, muchos se dedicaban a los cultivos de frijol y maíz. La gente joven se aleja ante la falta de actividad en la parcela ya que los resultados no son suficientes para vivir y desarrollarse con sus familias. El destino obligado para la mayoría es tratar de cruzar la peligrosa frontera y venderse como mano de obra barata en los campos de Estados Unidos.

Los productores de las naciones pobres deben competir con los alimentos importados y subvencionados de los países ricos sin recibir tampoco ayuda para pagar implementos, combustible, fertilizantes y otros insumos necesarios para la producción. Como colofón se ha ido eliminando la agricultura tradicional en beneficio de las comunidades y las familias, y se ha reemplazado en muchos lugares por una agricultura industrial a favor del agronegocio.

Mientras esto ocurre las grandes compañías transnacionales obtienen fabulosas ganancias y acumulan enormes fortunas.

Datos publicados por el investigador Shawn Hattingh, en la revista mensual MRzine bajo el título “Liberación de Alimentos, Comercio de la Muerte”, ofrecen elementos sumamente elocuentes sobre este multimillonario negocio, al reflejar las ganancias obtenidas en los tres primeros meses de 2008 por varias transnacionales.

Las que aparecen en los primeros lugares en el comercio de granos son la Archer Daniels Midland (ADM) con un beneficio bruto de 1 150 millones de dólares, o sea, un aumento de un 55% en comparación con el mismo período del año pasado; La Cargill con 1.030 millones de dólares y un crecimiento del 86%; la Bunge con 867 millones de dólares y 189% de ganancias.

Entre las transnacionales distribuidoras y comercializadoras de semillas y herbicidas se hallan la Monsanto que ha tenido un beneficio bruto de $2.230 millones de dólares para un 54% y la Dupont Agriculture and Nutrition con 786 millones de dólares, 21% de crecimiento. En cuanto a las que dominan el monopolio de los fertilizantes se destacan la Potash Corporation con ingresos netos de 66 millones, aumento de 185,9 % y la Mosaic (perteneciente a la Cargill) con 528,8 millones y aumento de más de 1200%

Estas transnacionales, junto a otras pocas como la Syngenta, Unilever y Nestle, controlan el 85% del comercio de granos, el 83% del cacao, el 80% del plátano, el 60% del aceite vegetal y el 55% de los lácteos, mientras las grandes distribuidoras de alimentos como Wal-Mart, Tesco o Carrefour afirman que continúan ampliando sus ganancias. Asimismo, los precios de la soja, maíz, trigo y otros, se determinan desde hace tiempo por su cotización en las Bolsas de Valores como la de Chicago. Los operadores, a la vez, venden y compran en el llamado “mercado de futuros”, en función de las previsiones de la oferta y la demanda, o sea, operaciones especulativas. Se calcula que el 55% de la inversión financiera en el sector agrícola responde a intereses especulativos y ésta tiene una vinculación directa con el aumento y la volatilidad de los precios.

A estos problemas productivos, comerciales y financieros estructurales implantados por el sistema capitalista se unen los cambios climáticos que tienen lugar en el orbe, el alto costo del petróleo, la desvalorización del dólar y la producción intensiva de combustibles (etanol) con la utilización de alimentos básicos lo cual ayudan a impulsar los precios.

El auge de los biocombustibles reduce los cultivos alimentarios en detrimento del consumo humano. Ante los altos precios del petróleo, Estados Unidos y la Unión Europea alientan la producción de etanol.

Washington otorga un subsidio de 0.51 dólar por galón a las plantas procesadoras e impone un arancel de 0.54 dólar por galón a la importación, mientras que la mayoría de los países europeos exoneran a los biocombustibles de algunos impuestos y aplican un arancel equivalente a más de 0.70 dólar el galón de etanol importado, según reportó el diario The New York Times.

El diario agregó, basándose en informes del FMI, que la producción de etanol de maíz en Estados Unidos, era responsable de la disminución de la mitad de la oferta del cereal en el mercado mundial en los últimos tres años. Este país dedicó el año pasado 54 millones de toneladas de maíz a producir etanol; en 2008 destinará 76 millones y en el 2009, 101 millones de toneladas. Se estima que la cantidad aumente doce veces para 2017.

Desde ya se hace necesario un cambio en los sistemas de producción, distribución y comercialización de los productos agrícolas para que no continúen aumentando los hambrientos en el mundo. Solo los gobiernos y sus pueblos pueden revertir la situación. www.ecoportal.net

* Rebelión
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