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Los trece tripulantes españoles del pesquero secuestrado por piratas han
llegado por fin, a Madrid, donde han sido recibidos con albricias ministeriales
y gozos familiares y ciudadanos, tras soportar, durante una semana, el trato
vejatorio y el punto de mira de las metralletas
Es satisfactoria la liberación, no así la gestión gubernamental de cesión y
acoquine al secuestro y chantaje; para ese acto de claudicación, no hacían falta
las alforjas ratificadas e ineficaces de Moratinos.
Ocultando el desembolso tras la cortina patriótico-sentimental de salvar vidas,
han resuelto el dilema moral planteado de forma humanitaria para los marineros
y, a la vez, contraria a los intereses nacionales. Ahora, saben los somalíes y
todos los piratas africanos desde allí, hasta la morería, que pueden, con toda
impunidad, arremeter contra nuestros intereses, que, con tal de salvar el
pellejo, ancha es Castilla, cede y paga y se queda tan contenta.
Aunque la hija del marinero declare, respeto al pago, que "eso es algo que no me
importa", hay que afirmar, que sí, que importa muchísimo. Se ha asentado un
precedente muy peliagudo: todo barco español, que forzosamente deba navegar por
aquel sector, se arriesga de ser secuestrado, para conseguir dinero fácil; se
puede convertir en incentivo que inste a la piratería, a establecer, en hábito,
el secuestro y la extorsión. Este gobierno ha quemado toda su legitimidad moral
y legal, para impedir a las familias de los posibles secuestrados por ETA o el
Grapo, que corran y peguen el rescate exigido.
No se descarta la idea de que estos piratas islámicos, se hallen en conexión con
Al-Qaeda, con lo que el monto abonado puede servir para financiar nuevos
atentados en España o en la UE. En fin, es evidente que el pago de todo rescate
sustenta la continuidad del delito y fraude. ¡Lástima de no haber recordado
aquella brillante gesta de Sarkozy!
Ante esto, ¿qué explicaciones van a dar en el Congreso de los Diputados? No
reconocen que han soltado el dinero, claro, saben que es un delito; pero deben
saber que es obligación del gobernante rendir cuentas de todo euro gastado. No
han pensado, ni se les ocurre crear una fuerza disuasoria, preparada y diestra,
que proteja y defienda nuestros pesqueros.
No han pensado que, con toda contundencia, han de desenmascarar y destruir esas
corporaciones abogaciles del sistema de extorsión, montadas en apariencias
respetables, que, junto con ciertas organizaciones de crédito, se dedican a
llenar sus bolsas con la recaudación del chantaje, en Londres, sede de la
negociación. Los propios piratas colocan tal infraestructura delictiva en un
país europeo, y España, con un gobierno sin peso ni consideración internacional,
calla, paga y tolera, sin rechistar a tamaña hipocresía y descomunal agravio.
La inseguridad marítima exige unos asideros legales plasmados en el Derecho
Internacinal, con apoyos de la ONU y de la UE, que asistan a la prevención y
persecución de la piratería. España ha de adoptar medidas y garantías para la
repulsión y represión de estos desafíos de asalto, robo y secuestro. No se puede
permitir que la seguridad y libertad de tráfico por los mares, conquista de
civilidad, sea conculcada por los intereses económicos y estratégicos de
consorcios delictivos y mafiosos.
M. Berceo
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